Columna de Ascanio Cavallo: ¿Puede Lula liderar Sudamérica?

Human Rights Watch dijo el martes lo que ninguna diplomacia de Sudamérica, incluida la chilena, se había atrevido a decir antes: que las propuestas de Brasil, Colombia y México respecto de las elecciones venezolanas violentan la voluntad popular, transgreden los principios democráticos y van contra la ley internacional. Lo hizo en una carta dirigida a los presidentes Lula da Silva, Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador.

¿Qué decían estos líderes hemisféricos? Tres cosas: que se podrían repetir las elecciones (Lula y Petro); que esperarían el veredicto de la Corte Suprema venezolana (López Obrador), y que sería conveniente dictar una amnistía general para abrir un proceso de diálogo en Venezuela (Petro). La valiente carta de la directora de la División América de Human Rights Watch, Juanita Goebertus Estrada, deja en claro que las autoridades venezolanas no han hecho nada que haga viable siquiera una de esas propuestas, aun sin contar con que cualquiera de ellas sería una burla para la comunidad internacional y para los venezolanos.

AMLO, que está enfrascado en una lucha interna en torno a la Corte Suprema de México, a la que quiere sustituir con un sospechoso método de elecciones, se alejó del problema y ya no opina nada más, como solía hacer su peor enemigo, el PRI, ante los problemas más peliagudos del exterior. Venezuela dejó de importarle.

Lula ha confiado siempre en el peso geográfico de Brasil para convertirse en el líder de la izquierda regional. Su aspiración principal es llevar la participación de Sudamérica a un sillón permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Las pretensiones de Petro son menores, pero sólo un poco: también quiere ser el líder de la izquierda en el continente, confiando en que el sol de Lula ya cae sobre el horizonte. Pero eso no ha ocurrido, entre otras cosas, porque las credenciales democráticas de Petro son demasiado pobres.

De modo que la carta de Human Rights Watch les habla a tres líderes fallidos. Tan fallidos, que Nicolás Maduro, después del fraude, decidió modificar su gabinete y dar el protagonismo a Diosdado Cabello, el hombre del garrote. A partir de ese momento, las vidas de los líderes de la oposición, María Corina Machado y Edmundo González, están en abierto peligro. En estos días fueron arrestados el asesor legal de Machado y también el abogado de González. Es cuestión de días -o de horas- que Machado y González sigan en libertad.

Maduro ya probó que el fraude no representaría ningún cambio en su poder en Caracas, excepto para endurecerlo en torno a su corte. La comunidad internacional ya no significaba nada. Ahora, la comunidad sudamericana tampoco es nada. Redujo a Lula y a Petro a la nada, a pesar de los esfuerzos de apaciguamiento y transacción que estos han encabezado.

¿Qué puede hacer el resto de los países sudamericanos? Poco, en verdad. Pero los diplomáticos de más larga experiencia sugieren que el cabo más débil hoy es el que parecía más fuerte ayer: Brasil. Lula tendría que saber que, para tener los votos de la región en la ONU, debería poder garantizar la defensa seria de la democracia, que no es lo que ha estado haciendo con sus propuestas ilegítimas.

Petro es un problema sólo para Chile: su influencia sobre el entorno del Presidente ha sido desmedida hasta ahora. Los asesores más influyentes que lo rodean -y que no están en la Cancillería, son principalmente aficionados- han querido ver a Petro como un héroe de la izquierda recocinada y hasta se fascinan con su retórica mesiánica. Pero Petro es un hombre formado en la violencia, en el país que sufrió por demasiados años la peor violencia del continente. Por desgracia, no hay en su presente nada que sea más prometedor de lo que fue su pasado, y lo más seguro es que ve a los debutantes de La Moneda como unos simplones alumnos en busca de maestros. La historia tiene la capacidad de marcar a las personas sin reciprocidad.

Los que defienden a Maduro en la región se afirman en la idea de que su régimen ha ampliado la democracia (por ejemplo, la contraperceptiva apreciación sobre la libertad de expresión de la diputada comunista Carmen Hertz) y que ha tenido un impacto redistribuidor que redujo las desigualdades. Siempre que se quiere justificar a un autócrata se dicen más o menos las mismas cosas.

Ojalá algo de eso fuera cierto. Por lo menos aliviaría el sufrimiento de los venezolanos. Pero una sociedad en progreso no produce siete millones de exiliados; no produce la emigración más grande del planeta.

El Índice de Gobernanza Berggruen (BGI, por sus siglas en inglés) ha sido diseñado para medir el impacto real de los sistemas políticos en 145 países, a través de tres grupos de materias: calidad democrática, capacidad del Estado y provisión de bienes públicos. En su versión 2024, el BGI sitúa a Venezuela en un poco estimulante grupo de 39 países donde las tres dimensiones van en caída libre, junto con, por ejemplo, Kampuchea, Egipto, Guatemala, Nigeria. En todos ellos se presentan gobiernos altamente ineficientes, un ingreso per cápita bajo y declinante, altas posibilidades de conflicto armado y muy baja estabilidad política. En suma: unas desgracias.

Pero Lula dijo hace algún tiempo que estas son “narrativas” sobre Venezuela, como si admitiesen una interpretación alternativa, y ahora ha propuesto repetir unas elecciones fraudulentas, en lugar de denunciarlas como lo que fueron. ¿Hay alguna posibilidad de confiar en que su zalamería termine por ayudar a los venezolanos?