Columna de Ascanio Cavallo: Unos datos y un embrollo

En los primeros cuatro días de la semana que concluye hubo 21 millones de consultas a la página del Servel acerca de mesas y locales de votación. Esta es una cifra jamás registrada, que hace pensar en un interés desusado por la votación del 4 de septiembre; muy superior, digamos, a la segunda vuelta presidencial del 2021, que es la elección que ha tenido mayor número de votantes desde la restauración democrática: 8,3 millones de sufragios.

Las razones son diversas, pero hay algunas que sobresalen. La primera es que se trata de una elección con voto obligatorio y con una multa asociada al abstencionismo, que la ley deja a criterio de los juzgados de policía local, pero en un rango de entre 30.000 y 180.000 pesos. Dado que la misma ley entrega estas multas “a beneficio municipal”, los alcaldes tienen un alto incentivo para ayudar a que sus juzgados conviertan estas multas en otra fuente de ingresos. Cosa distinta, por supuesto, es que tales juzgados tengan la capacidad material para procesar esas infracciones: de contarse por millones, parece improbable que puedan ejecutarlas en su totalidad. Pero eso no lo puede saber nadie todavía.

Una segunda razón es la polarización que se ha producido desde las fases más tempranas del debate constitucional. A pesar de que algunos lo advirtieron en la primera hora, nadie detuvo las actuaciones destempladas de ciertos convencionales y el fenómeno terminó por castigar a la Convención misma, la mayoría de cuyos miembros ha desaparecido de la escena pública por voluntad propia o porque se los han pedido. La necesidad de desvincular los incidentes personales del texto final fue advertida hacia el final de las deliberaciones, pero no tuvo eficacia mayor, tal vez porque el tiempo era muy escaso. Los desbordes de algunos convencionales siguen dominando la imaginación de muchos votantes.

Por fin, está el hecho, más bien administrativo, de que en este plebiscito se aplica por primera vez la georreferenciación de votantes ordenada por la ley de octubre del 2021, que no alcanzó a aplicarse en las presidenciales. El propósito de que las personas voten más cerca del lugar donde viven se ha cumplido, según estimaciones del Servel, en más de un 75%. Si esto es así, entonces la facilidad para votar ha aumentado, a pesar de que ha significado modificar locales, números de mesas y vocales. De todas maneras, este es un factor de confusión que se ha de tener presente y que puede provocar angustiosos casos de aglomeraciones.

El padrón total de votantes supera ligeramente la barrera de los 15 millones. Estimaciones confiables dicen que ese padrón podría estar “inflado” en unas 500 mil personas. Todos los padrones de mundo tienen alguna distorsión de esta clase. Por ejemplo, en Chile hay unos 20.000 mayores de los que no se ha informado muerte, pero que ya superarían los 110 años; otros 25.000 morirán desde que se cerró el registro, en mayo, hasta el torneo de septiembre, y así por delante. O sea que, en verdad, el máximo de votantes posible es de 14,5 millones.

Desde 1988 en adelante, la base de votantes ha sido de entre 7,5 y ocho millones. Ese es el número de personas que, de forma bastante constante, ha participado en la mayoría de las elecciones de cualquier tipo. Las que llevan menos público son las municipales, y eso pudo tener un efecto sobre la de convencionales, que se realizó junto con una municipal, y que llegó sólo a 6,4 millones.

Pero el techo imaginario de los ocho millones ya fue roto en diciembre pasado y es razonable estimar que, con todas las nuevas condiciones, se puedan sobrepasar los 10 millones de votos. Para decirlo de otra manera, la verdadera rareza sería que votaran menos de ocho millones.

Hasta ahí los datos. Cristóbal Huneeus, director de Data Science de Unholster, observó que ni la franja televisiva del Apruebo ni la del Rechazo han puesto un énfasis particular en el llamado a votar, que fue uno de los mensajes centrales en la campaña del plebiscito de 1988. “Da la impresión -dijo Huneeus- de que no quieren que vaya a votar mucha gente”.

Algo similar se puede decir del gobierno. No hay campañas centradas en la necesidad de votar, en su obligatoriedad, en la redistribución del padrón o incluso en las medidas de seguridad que se necesitan para el día 4.

Ya es sabido que en el gobierno se cree que un número de votantes muy alto es favorable al Rechazo. Si la concurrencia excede los nueve millones, la distancia tendería a crecer en desmedro del Apruebo. Es importante notar que esta tesis solía ser a la inversa: por mucho tiempo se creyó que la abstención perjudicaba sobre todo a los proyectos de transformación asociados a la izquierda. Ahora, en cambio, se presume que podrían entrar al ruedo los votantes antipolítica, cuyas motivaciones principales serían los agobios de la coyuntura y, por lo tanto, las “culpas” de la gestión de gobierno.

El caso es que una de las obligaciones del gobierno, cualquiera que sea, es la de promover el voto y subrayar las consecuencias de no votar cuando la ley así lo exige. La otra obligación es abstenerse de intervenir en favor de una opción. Menudo embrollo.

Es una de las consecuencias de no desligar al gobierno del plebiscito. Sólo la primera.