Recientemente, Chile ha sido clasificado como una “democracia defectuosa” por el índice anual que realiza el semanario The Economist, dañando uno de los atractivos que tenía la marca país que se vendió siempre como una democracia única en un mal barrio. Curiosamente, la reacción de todos los actores políticos fue culparse unos a los otros, y no una reflexión sobre las reformas necesarias para volver a ser una nación respetada por sus credenciales democráticas. Resulta también difícil de explicar después de los recientes eventos plebiscitarios de septiembre del 2022 y de diciembre del 2023, donde la ciudadanía rechazó los intentos de un sector político, enceguecido por una victoria electoral de corta duración, de imponer un modelo de país más acorde a su visión ideológica en vez de una causa común. Ambos cuerpos constitucionales, elegidos democráticamente tuvieron sus respectivos Dantones. En el caso de la Convención, Daniel Stingo se convirtió en el niño símbolo de la intolerancia, papel donde fue reemplazado en el reciente consejo por el republicano Luis Silva.
Si la ciudadanía rechaza los intentos de llevarse la Constitución para la casa de ambos sectores, ¿por qué se explica la baja en el ranking y, en especial, por qué la reacción de nuestra clase política fue rápidamente repetir los modelos de Silva y Stingo?
Para ser justos, el semanario no coloca a Chile como un país con dificultades. Muestra una caída generalizada del ranking a nivel mundial, y en América Latina coloca al amado Bukele como el que más contribuyó a deteriorar el continente. En el caso chileno las notas más bajas están en participación política (6,1) y cultura política (6,9). La razón tiene que ver con la enorme distancia entre los ciudadanos y los actores públicos. El camino de la polarización, al cual nuestros políticos se han vuelto adictos, y que aumentará con las elecciones de este año, no es precisamente popular. A diferencia de otros países, la gente ha optado por la apatía, la abulia, el desprecio y, por ahora, no la adoración por representantes locales de Bukele o Milei.
Bajo esa lógica, los plebiscitos constitucionales no reflejaron moderación, sino un profundo malestar con la dirigencia. Y, si proyectamos ese sentimiento, tendremos entonces que en los próximos procesos electorales habrá más voto de castigo que no sabremos hacia donde se irá. La incapacidad para llegar a acuerdos políticos y la creciente confrontación entre diferentes grupos son síntomas de un sistema político disfuncional y, sin duda, de una democracia defectuosa y distante de las personas. El problema ya no es el desprecio a la “cocina”, como lo proclamó en su momento Giorgio Jackson, sino en que resulta más rentable para todos quedarse en su propia trinchera que buscar construir acuerdos.
El tema de las pensiones es el mejor ejemplo, donde pese a que la propuesta del gobierno dista mucho de la primera que se presentó y se asimila bastante a la que tenía el gobierno de Piñera, resulta mejor negocio para la oposición mantener el boicot y con ello evitar que se le desarmen las filas. En el oficialismo esa lógica también manda, pues hay varios que se sienten muy cómodos con el 30% en las encuestas que permite tener una base electoral interesante para los procesos que vienen. La pulsión imperante de hablarles a sus propias filas y despreciar los acuerdos seguirán siendo el sello de nuestra democracia polarizada.
Carlos Correa, analista político, ingeniero civil industrial, MBA.
