Sin titulares en los medios ha avanzado un posible acuerdo para una nueva constitución. Hasta ahora pareciera haber coincidencia en que habrá un Cabildo Constitucional 100% electo con una Comisión Experta, que inicie su trabajo en enero de 2023. El cambio de nombre es un guiño al proceso constitucional que inició la presidenta Bachelet y, sin duda, una manera de evitar el sustantivo maldito de Convención, símbolo del fracaso.
Si lo que se ha acordado previamente sigue por un buen rumbo, tendríamos elecciones el 26 de marzo de 2023 con voto obligatorio. Las listas serían de partidos o coaliciones, y se desecha aquella idea de que grupos de independientes pudieran formar listas propias. Lo más probable es que sean listas cerradas, en modalidad cebra, de manera alternada hombres y mujeres y así asegurar la paridad sin meter la mano a la urna, como dijo alguna vez la ex senadora Jacqueline Van Rysselberghe. Algo de eso se intuía y, por ello, hemos tenido una fiebre de partidos en formación, como los Amarillos o Demócratas y también grupos de la ex Lista del Pueblo han propuesto el suyo. El objetivo, sin duda, es volver a las andanzas constitucionales.
Siguiendo con lo acordado hasta ahora, el calendario constitucional propone un plebiscito de salida el 5 de noviembre de 2023, que nadie quiere perder. Para evitar el delirio, el Congreso formará una comisión que pondrá un marco de acción y propuestas. Y para darle otra vuelta al candado, el reglamento del Cabildo Constitucional será definido por el Congreso a priori, y la duración será solo de cinco meses, y así nadie se convierte en los personajes que terminaron siendo varios constitucionales.
Si este acuerdo llega a término, será la derrota total de los ánimos irresponsables que se apoderaron de la Convención, y así lo entendió perfectamente el abogado Fernando Atria, que en una entrevista a este medio solo se dedicó a tratar de dinamitar esta posibilidad. Para suerte del país, la coalición oficialista y el propio gobierno, el antiguo Savonarola no tiene la influencia de antes.
El acuerdo con esas fechas implicaría que el gobierno debe enfrentar una nueva elección en marzo. No hay caso en la historia reciente de Chile, y pocos en el mundo, que un gobierno entrante enfrenta dos elecciones en un año. Por más que esta tenga un sentido acotado, una victoria rotunda de las fuerzas opositoras, o el surgimiento de un nuevo centro si la aventura Amarilla tiene éxito, obligaría al Presidente a hacer un nuevo ajuste. Y así, se hace difícil gobernar.
Un tercer punto es qué hará la derecha con sus demonios republicanos y ultraderechistas. La vez anterior en una decisión estratégica para agrupar votos y asegurar el tercio optó por unirse a ellos, perdiendo identidad y, con ello, obteniendo una votación mucho menor a lo que representa la centroderecha en Chile. Ese error se corrigió en las elecciones parlamentarias, pero la tentación sigue ahí. Si Chile Vamos vuelve a ceder ante los vociferantes pondrá en serias dudas su capacidad para ser gobierno la próxima vez, y surgirán entonces nuevos liderazgos en la oposición.
No hay acuerdo todavía, y la discusión sobre el número de constitucionales, podría hacer caer todo lo avanzado. En ese escenario los demonios, como los afiebrados de la ex convención o los diputados ultraderechistas que celebran como triunfos la negación de los derechos humanos, tomarían una fuerza inusitada, poniendo otro pedazo de pavimento en el camino a un gobierno populista.
