Columna de Carlos Correa: Juegos de guerra
Es distinto la presencia militar en asuntos puntuales, como una emergencia o crisis, que de manera permanente. El riesgo de militarizar la sociedad tiene riesgos profundos para la democracia, algo que sabe con mucho dolor la izquierda en Chile, que pagó altos costos después del golpe militar de 1973 y que al alcalde Vodanovic pareciera no importarle.
En una cuidada puesta en escena en La Moneda, después de conversar con la ministra del Interior, el alcalde Vodanovic dio por sepultado el octubrismo, llamando a incluir a militares en el control del orden público. La escena del actual Presidente increpando a los uniformados que ocupaban la Plaza Italia el sábado 19 de octubre de 2019 quedaba atrás. Más aún, varios partidos del oficialismo han comentado que han recibido indicios desde el gobierno que se estaría preparando una especie de reforma para que el Presidente pueda decretar estados de emergencia distintos a los existentes y con ello convocar a las FF.AA. a tareas de seguridad ciudadana. Esa idea, planteada en su origen por el gobernador Claudio Orrego, es jugar con fuego.
Es distinto la presencia militar en asuntos puntuales, como una emergencia o crisis, que de manera permanente. El riesgo de militarizar la sociedad tiene riesgos profundos para la democracia, algo que sabe con mucho dolor la izquierda en Chile, que pagó altos costos después del golpe militar de 1973 y que al alcalde Vodanovic pareciera no importarle. También es un daño mayor para la propia función militar. Como suelen quejarse amargamente varios uniformados, después de los hechos de 1973 los civiles que los alentaron a meterse en política salieron libres de polvo y paja e incluso reciclados en la nueva democracia, mientras muchos uniformados debieron irse a Punta Peuco. Chile ha construido un consenso sobre el rol de las FF.AA. que deben ser profesionales y no deliberantes. Esto ha permitido su desarrollo institucional, convirtiéndolas en instituciones altamente valoradas por la ciudadanía.
La crisis de inseguridad que se vive, y en la propia comuna del alcalde Vodanovic donde campean las tomas manejadas por grupos criminales, donde el Estado no tiene como entrar, hace pensar en soluciones radicales, sin tener en cuenta los costos. Las policías parecen no dar abasto, y sus propios problemas internos empeoran la situación. Este viernes, día de los Idus de Marzo, la PDI tuvo el suyo propio con la revelación de las vinculaciones de su actual director general con el abogado Luis Hermosilla. Pareciera, entonces, que se mezcla la peor de las tormentas: un estallido de la delincuencia, debido a la política de Maduro de exportar a sus bandas criminales, con el peor momento institucional. Como todos los problemas de políticas públicas, hay un camino largo que es fortalecer las policías, adaptar el marco legal para enfrentar los nuevos delitos, construir acuerdos con los vecinos para enfrentar a las bandas internacionales, ir sobre el dinero, entre otras medidas. Pero es demasiado trabajo y llamar a los militares es el camino corto peligroso. Esto es ideal para los populistas de derecha, sino los de izquierda, cuya temporada echó a andar el alcalde Vodanovic, a quienes varios incluso le vieron proyección presidencial.
Los parecidos de la figura del FA con Nayib Bukele son inmediatos. El salvadoreño también venía desde la izquierda, y era un popular alcalde de una zona populosa. Al igual que el maipucino, es muy preocupado de su imagen física y tiene una simpatía rápida y contagiosa. También pensó en su momento soluciones radicales y distintas para los problemas de seguridad de El Salvador. Y por cierto, fue visto en sus inicios como la única solución para detener el avance de la derecha, y con ello, salvar el legado del FMLN. Quizá esta jugada sea aún más peligrosa que meter a los militares en el control del delito.
