Columna de Carlos Ominami: Una pregunta necesaria

En el curso de un largo y agotador debate sobre la reforma previsional se han agregado nuevos conceptos que la complejizan. El Segundo Informe de la Comisión Técnica de Pensiones del 18 de diciembre pasado es ilustrativo al respecto. Así, se contemplan beneficios como la “garantía” para complementar las pensiones más bajas, el “bono tabla” para igualar pensiones de hombres y mujeres con los mismos años cotizados y el “bono cuidado” para compensar a quienes han asumido el cuidado de personas con dependencia funcional moderada o severa. Hay también planteado un debate sobre umbrales mínimos de años cotizados para acceder a beneficios, las mejores maneras de proceder a las “licitaciones de afiliados” para garantizar competencia entre administradoras, y la magnitud y sostenibilidad del llamado “aporte reembolsable”.

Sin embargo, más allá de esas complejidades, el posible acuerdo entre el gobierno y Chile Vamos establece una norma extremadamente clara: en régimen, del 6% de aumento de la cotización, un 5,5% se destinará a la cuenta de capitalización individual de los trabajadores y un 0,5% a financiar beneficios como el “bono tabla”.

De cerrarse un acuerdo en estos términos, el Parlamento estará delante de una difícil decisión. Es muy razonable la afirmación de la ministra Jara cuando se pregunta “quién se podría oponer a un proyecto de ley que mejora las pensiones de las personas”.

No caben dudas que la política necesita recuperar la capacidad de forjar acuerdos. El largo ciclo de alternancias destructivas protagonizado por fuerzas políticas en permanente confrontación ha hecho mucho daño.

En las condiciones de Chile, con un sistema de capitalización individual que lleva más de cuarenta años funcionando, no se puede restablecer un sistema de seguridad social basado principalmente en una lógica solidaria. Se podrá lamentar, pero es así. Más aún, al alentar en años recientes los retiros de fondos previsionales parte importante de las fuerzas progresistas terminó consolidando la idea que estos son de propiedad exclusiva del cotizante.

La apertura de un debate para reformar el sistema creó la oportunidad para avanzar hacia un sistema mixto. Se asumía que el 10% de cotización vigente debería permanecer en las cuentas de capitalización individual, pero que el 6% de cotización adicional debería destinarse a financiar un mecanismo que permitiría alimentar un fondo de reparto que pudiera garantizar una mínima equidad en el otorgamiento de pensiones.

Entre el “No+AFP” y “Con mi plata No” terminó por imponerse este último. ¿Se trata de un derrota irreversible? No necesariamente. El sistema de AFP es caro dados sus altos costos de administración y malo por el bajo monto de las pensiones que otorga. Esta es una realidad que terminará imponiéndose. En este sentido, la pregunta que se hace la ministra del Trabajo debiera complementarse con una segunda: ¿hasta qué punto la aprobación del posible acuerdo elimina cualquier posibilidad de avanzar hacia un sistema menos injusto y más solidario?

Por Carlos Ominami, presidente de la Fundación Chile21