Columna de Carolina Tohá: Royalty, un puente para la buena política

Este 12 de abril comenzaron las transferencias del Fondo Puente del Royalty Minero, que contempla $93.646 millones de libre disposición para 307 municipios, beneficiando a más de 12 millones de personas. De estos recursos, $22.891 millones están destinados al Fondo Comunas Mineras -que favorece a 43 comunas-, para compensar los impactos de la actividad en sus territorios. Los $70.755 millones restantes corresponden al Fondo de Equidad Territorial y están destinados a las 300 comunas con mayores necesidades socioeconómicas.

Estos montos son un adelanto por el equivalente al 50% de lo que será el incremento de recursos municipales cuando el royalty entre en régimen en 2025, y que incluirá también un aporte de $212 mil millones para los Gobiernos Regionales. Se trata de uno de los mayores impulsos del Estado a las finanzas subnacionales desde el retorno de la democracia en 1990 y un paso adelante desde el punto de vista de la descentralización. Lo más importante es la oportunidad que se abre para mejorar la calidad de vida de la población en temas como la limpieza de calles, la mantención de las áreas verdes, el nivel de los programas de apoyo social, las capacidades de fiscalización y la presencia de patrullaje municipal. En todas estas materias las diferencias entre municipios son irritantes y el Royalty Minero será un aporte para reducirlas porque no sólo traerá más recursos sino también más equidad para distribuirlos.

Hasta ahí todos conformes. Sin embargo, es bueno recordar que este importante avance se produjo luego de un prolongado debate que atravesó varios gobiernos. Hubo intentos de tener un royalty desde la época del Presidente Lagos. En algunas ocasiones se logró avanzar en impuestos a la minería, pero nunca hubo acuerdo para que esta actividad contribuyera en proporción a la explotación efectiva de recursos no renovables que realiza. En cada una de esas oportunidades, e incluso en ésta, en que finalmente se logró aprobar el royalty, se argumentó que una carga de este tipo iba a significar un deterioro de la inversión minera y una pérdida de competitividad del país. Se esgrimía un argumento que nos es familiar: más impuestos igual menos inversión, Estado fuerte igual mercado débil. La experiencia nos ha mostrado que esa relación no es mecánica y que incluso puede ser inversa. Con el royalty tendremos un Estado más fuerte a nivel subnacional gracias a la mayor tributación del sector minero, pero lejos de perder competitividad e inversión las hemos aumentado. De hecho, desde que el proyecto se aprobó, en mayo de 2023, la inversión minera privada proyectada hasta el año 2027 se triplicó, pasando de menos de 8.000 millones de dólares, a casi 22.000 millones de dólares. A nivel internacional lo hecho por Chile en materia de royalty es comentado y lejos de considerarse un retroceso en términos de competitividad se aplaude que el país haya cerrado con amplios acuerdos un debate tan prolongado.

Ciertamente, el royalty pudo hacerse de otra manera. Pudimos habernos excedido en el cálculo de la regalía, pudimos haber aprobado el proyecto sin acuerdo aprovechando una mayoría incidental, pudimos haberlo amañado para que los recursos se distribuyeran con un sesgo político en lugar de criterios de equidad. Si lo hubiéramos hecho, seguramente se hubiera resentido la inversión y la confiabilidad del país, pero no fue así porque optamos por hacer las cosas bien y aquí están los frutos.

Como gobierno nos proponemos trabajar con esa misma receta en otros campos: el pacto fiscal, la reforma previsional y la agenda de seguridad. No dejamos que los temores nos paralicen, pero sí los escuchamos y tratamos de responder a ellos. Buscamos acuerdos para impulsar alternativas de política que eviten los riesgos, tengan el mayor beneficio social y económico, y sean responsables desde el punto de vista fiscal. La experiencia del royalty demuestra que nuestro sistema político, pese a su evidente necesidad de reforma, es capaz de producir soluciones que cumplen con todos esos requisitos. Aprendamos entonces de esa experiencia replicándola en otros campos. Le haría bien a nuestra depreciada política, y a Chile.

Por Carolina Tohá, ministra del Interior.