Columna de Catalina Pérez: ¿En qué estamos topando?

Por Catalina Pérez, diputada y jefa de bancada RD.

Tres días después del plebiscito de salida nos juntamos en el Congreso Nacional representantes de todos los sectores políticos. El resultado de ese domingo no dejó a nadie indiferente, y nos obliga a reafirmar nuestro compromiso con el pronunciamiento ciudadano del 25 octubre de 2020: una nueva Constitución escrita por miembros electos democráticamente.

La discusión sobre la habilitación de una nueva vía lleva semanas en el debate público, las propuestas son diversas y ya están sobre la mesa, pero ¿en qué estamos topando?

Si bien hay varios puntos en común, creo que la discordia central está en quiénes redactarán la nueva propuesta constitucional. Si bien todos los sectores han manifestado la voluntad de que sea un órgano electo democráticamente el que se encargue de esta tarea, hay dudas sobre la capacidad deliberativa de los representantes la cual se expresa en dos conflictos: ¿quién redacta y decide los contenidos de la nueva Constitución? ¿qué contenido es posible excluir e incluir en el debate democrático?

A mi juicio, el rechazo al texto constitucional propuesto no puede llevarnos a desconfiar de la capacidad de que nuevos representantes electos elaboren un nuevo texto y entregarle esa tarea a un grupo de técnicos como algunos proponen. De ser así, se estaría desconfiando de la deliberación democrática y desconociendo el carácter eminentemente político de este proceso que, además, les da a las personas la posibilidad de decidir nuevamente sobre la pertinencia o no de la propuesta elaborada mediante el plebiscito de salida.

Por otra parte, y en el mismo sentido, no se puede pretender escoger representantes para la elaboración de un texto si previamente se fijan los contenidos del mismo. Porque a mayores contenidos acordados, menor capacidad deliberativa tendrán las y los representantes corriendo el riesgo de desdibujar el sentido de su elección.

Creo que es importante sincerar ese debate y nuestras posiciones al respecto para llegar a un acuerdo, tal como ocurrió el 15 de noviembre.

Quienes creemos en la profunda y urgente necesidad de entregar certezas y estabilidad a las familias, con una nueva constitución como herramientas para poder mejorar sus vidas, debemos ser capaces de honrar la buena política, actuando de buena fe, con responsabilidad y premura, que es lo que las y los chilenos están esperando de nosotras y nosotros.

Debemos sacar en limpio los aciertos y errores de la convención para asegurarnos de que este proceso se dará de mejor manera. Hemos propuesto un comité de expertos paritario, no deliberativo y robusto, que pueda acompañar al órgano electo durante todo el periodo, lo que no ocurrió anteriormente, y hacer de éste un proceso participativo mediante un fuerte protagonismo de la mirada de los municipios y su capacidad de convocar a la ciudadanía a deliberar y priorizar contenidos durante todo el proceso de debate.

Retrasar esta discusión solo genera incertidumbre institucional que es perjudicial para el abordaje de las urgencias que viven día a día las y los chilenos. Establecer prontamente una hoja de ruta participativa, austera y acordada transversalmente es una obligación para todas y todos quienes estamos comprometidos con Chile y sus grandes necesidades.