Durante este año me he encontrado varias veces recurriendo al concepto de “mínimos civilizatorios” o “mínimos democráticos” como una salida frente a la preocupación por la fragmentación del sistema político y el cuestionamiento de avances democráticos que hasta hace unos años nos parecían principios firmes. Hace unos años también, el ex presidente Lagos decía que “un buen gobierno debe garantizar un mínimo civilizatorio”. Lo mismo decía Ernesto Ottone en mayo de este año, quien hablaba de “igualdad mínima”.
Hace ya varios años que la humanidad alcanzó ciertos “consensos”, hoy plasmados de manera plena en la cooperación internacional. Norberto Bobbio acuñó el mismo concepto de “mínimos civilizatorios” para referirse al tema, antes hizo lo propio Immanuel Kant, hablando de “paz perpetua” y también Hugo Grocio. Todos estos esfuerzos derivaron, en occidente, en la creación del actual sistema de Naciones Unidas; un ejemplo de pisos mínimos de acuerdo de la actual civilización globalizada en que vivimos. Otro ejemplo más atingente es uno de los bordes del reciente “Acuerdo por Chile” que que reconoce el resguardo de los Derechos Humanos, o, a mi juicio, aquel que establece que Chile es un Estado social y democratico de derecho.
Nadie cuestionó el establecimiento de estos “mínimos” en los años 80, 90, ni en las dos primeras décadas de los 2000. No es sino hasta ahora donde han surgido fenómenos que cuestionan abiertamente estos consensos. En el caso de América Latina, tenemos a personajes que representan esa sensibilidad como Bolsonaro o Javier Milei. En el caso de Chile, tenemos a Republicanos, el Team Patriota y a cierto sector del Partido de la Gente. ¿Qué ha pasado para que esos mínimos civilizatorios ya no sean un consenso?
Mi diagnóstico no es nuevo, y es que creo que son décadas postergando una discusión sobre la necesidad de superar un modelo económico de capitalismo salvaje, una instalación cultural centrada en la exaltación absoluta del individuo y un modelo democrático y de representación que no ha logrado conectar con las necesidades y sentires más básicos de la ciudadanía. Todo eso genera finalmente crisis.
Somos muchas y muchos los que hacemos política precisamente por este motivo, porque creemos que hay algo que puede ser cambiado. Creemos que Chile puede dar un giro, que puede invertir más en innovación y cambiar su modelo de desarrollo, que los espacios de representación pueden responder a las urgencias de la ciudadanía para recuperar la política al servicio de las personas, que la probidad y transparencia puede ser un principio transversal, que lo público y lo privado pueden convivir en una economía que crezca para todos y todas.
Tuvieron que pasar muchas cosas, estallido social mediante, para que cierta parte del mundo político y parte de la derecha entendiera esto también. No por nada, el propio Mario Vargas Llosa -quien no es precisamente de izquierda- decía que en Chile existía una “derecha cavernaria”. Creo también que hay nuevos actores de ese sector que entendieron la necesidad de actualizarse. Que las y los chilenos tienen que mejorar su vida y que el modelo neoliberal, así como lo conocemos, cumplió un ciclo -dirán ellos-, o fracasó -diremos nosotras-. Es con esos nuevos actores o miradas con los que tenemos que ponernos de acuerdo en esos mínimos civilizatorios, tal como finalmente ocurrió en materia constitucional.
Tengo la convicción de que es posible y es necesario construir nuestras diferencias sobre una base mínima de convivencia, en materias como seguridad social, para hacer frente a la abrumadora incertidumbre económica de las familias, en materia de seguridad y violencia en nuestros barrios, o en materia de fortalecimiento democrático. La discusión de los contenidos para la Nueva Constitución es un ejemplo y buena oportunidad para ello. De nuestra parte pueden contar con total voluntad, intentémoslo. ¿Cómo no nos vamos a poder poner de acuerdo?
Catalina Pérez, diputada RD.
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