Nos hemos enterado que uno de los directores de campaña de Greenpeace, don Matías Asun, sin la menor vergüenza, declaró en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados que “yo al menos tengo 56.000 socios donantes, lo que me garantiza judicializar cualquier cosa que me parezca que destruye el medio ambiente… garantizo que puedo agregar unos 2.000 días a cualquier proceso de evaluación ambiental…”. O sea, este señor, y sus socios, son dueños a su personal voluntad de subirle o bajarle el pulgar a cualquier proyecto “que no les caiga en gracia”. Otra ONG -FIMA- se jacta de haber detenido judicialmente (solo en la Región de Magallanes) entre el 2020 y el 2022, 14 proyectos por un monto de US$ 352 millones. Estos señores tienen paralizados los principales proyectos de inversión en Chile, y además se jactan de su poder e impunidad. Su estrategia es el desgaste judicial. El año pasado, numerosas ONG ambientalistas se opusieron al proyecto de Hidrógeno Verde impulsado por este gobierno, al que nadie podría tildar de no ambientalista.
La inversión en Chile no puede estar sujeta a la voluntad de organizaciones extranjeras, de financiamiento dudoso y fines sospechosos. Ya tenemos suficiente con las ONG “Chilensis” como Democracia Viva et al, que tan caras le han resultado al país, y a nuestra institucionalidad. Pero por último son de aquí, y hemos conocido sus fines (propaganda política y sueldos de sus operadores) y su forma de financiamiento: el presupuesto nacional. En el caso de las foráneas, ni siquiera sabemos el origen de sus finanzas. Conocemos su finalidad (detener proyectos de inversión “que no les gustan”) pero de su financiamiento, nada.
El diputado Miguel Ángel Calisto presentó un proyecto muy sencillo: que estas ONG hagan públicas sus finanzas, ya sean privadas o públicas, y qué empresas fuera de Chile les entregan ingresos. El diputado argumenta que: “es absurdo que a través del lobby ambientalista, participen en todas las comisiones legislativas, intervengan, opinen e influyan en la sociedad civil, sin que sepamos quienes realmente son…”. El proyecto duerme en el Senado. Es de esperar que, luego de conocer la total desfachatez demostrada en la Cámara de Diputados, lo despierten, y conozcamos a quiénes de verdad representan. Y ojalá, si pierden un juicio, se les cobren no solo las costas, sino también el daño causado a Chile y a sus proyectos de inversión: el lucro cesante.
Estas ONG son parte de una “máquina perfecta” construida por ellos con mucha prolijidad y dedicación, para ralentizar la inversión en Chile. Construyeron e infiltraron uno a uno los eslabones de una cadena que incluye al SEA, y a diversos organismos como Conaf, SAG, y Monumentos Nacionales. Y luego litigaron sin pausa en los tribunales ambientales, y finalmente en la tercera sala de la Corte Suprema. Esa “máquina perfecta” esta semana sufrió la rotura de uno de sus engranajes, aunque por causas muy ajenas a los litigios y victorias legales y administrativas de esas ONG.
Y tema aparte: las acusaciones constitucionales que terminaron con dos jueces destituidos, debieran recordar a la oposición que cuando actúa unida su éxito es notable; desunida, y con malos casos (como el de la ministra Tohá), solo sabe de derrotas. A ver si con esto, y con los costos que pagará electoralmente su desunión, tienen una epifanía y ven la luz al final del túnel.
Por César Barros, economista
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