“Acá no puede haber ciudadanos de primera y segunda clase, la justicia y la ley tienen que ser iguales para todos. Es bueno que los que se creían poderosos vayan también a la cárcel”, decía el Presidente hace poco más de un mes, con una mueca de risa, celebrando la prisión preventiva de Luis Hermosilla.
Razones tenía para celebrar. Su fracasado gobierno había logrado instalar con fuerza que Hermosilla era un operador de la derecha, por su cercanía con el exministro Chadwick y sus asesorías al gobierno anterior. ¿Comunista en su juventud? Qué importa. ¿Abogado del jefe de asesores del Segundo Piso? Una mera casualidad. La corrupción irrumpió con fuerza en la contingencia y el Frente Amplio recuperaba algo de la virginidad perdida en el caso Convenios. De cierta manera, la prisión de Hermosilla se presentaba como una oportunidad para recuperar terreno en la carrera electoral.
Todo ello hasta el miércoles por la tarde. Una nota en un diario electrónico daba a conocer que la PDI había detectado abonos realizados por Irina Karamanos, expareja del Presidente y quien encabezó brevemente el gabinete Irina Karamanos, hacia la cuenta corriente de la Fundación Procultura, lugar donde había trabajado durante el período en que el Presidente Boric hizo campaña. También se especulaba sobre citaciones a declarar, cambios de fiscales y causas congeladas.
La verdad es que más allá de las explicaciones de Karamanos –claramente escritas por otra persona, porque se entendieron perfectamente– no creo que el foco del escándalo deba ser la expareja del Presidente, sino que es mucho más intrigante el rol y alcance del exconfidente del Presidente, el psiquiatra y fundador de Procultura, Alberto Larraín.
“Ayer hablé con el Presidente electo”, escribía Larraín el 7 de marzo de 2022, al gobernador de Magallanes, Jorge Flies, sobre un proyecto en Torres del Paine, según dan cuenta los chats filtrados por otro medio de comunicación esta semana. “Ayer hablé con el Presidente”, agregaba Larraín el 21 de marzo, dando cuenta de que Boric se encontraba muy entusiasmado con el proyecto que impulsaba Larraín. En una extensa filtración, decenas de mensajes que dan cuenta de proyectos, articulaciones, intermediación y objetivos de común acuerdo entre el gobernador y el amigo del Presidente.
Procultura, en poco más de 13 años, había logrado una impresionante cartera de más de 67 convenios con diferentes instituciones del Estado, que sumaban más de 4.200 millones de pesos. Murales, pintada de fachadas, reparación de iglesias, programas de prevención del suicidio y capacitaciones se encontraban en el amplio ejercicio práctico de la fundación, más no en el estrecho giro para el cual estaba autorizada a operar. Antofagasta, Santiago, Valparaíso, Concepción y Magallanes son algunas de las diversas localidades donde en pocos años, y con mucha intensidad a partir de 2021, Procultura, una pequeña pyme cultural, logró convertirse en una megaplataforma e incubadora política, social y cultural.
Larraín era cercano al gobernador Claudio Orrego, quien lo nombró como director de la Corporación de Desarrollo Regional, la misma que autorizó la entrega de más de 1.600 millones a Procultura, que el propio Larraín recibió con lágrimas en los ojos. Pero no solo eso, en los últimos años había desarrollado una estrecha relación con quien se convertiría luego en Presidente: Gabriel Boric. Conmovido con su historia de salud mental, Larraín se convirtió en asesor y confidente del Boric diputado, y ahora, una vez en La Moneda, todo indica que se convirtió en un eximio y poderoso articulador de proyectos sociales y culturales, consiguiendo acceso privilegiado a ministros, gobernadores y asesores que le permitieron avanzar rápidamente a él y a su fundación.
A más de un año del destape del escándalo del caso Convenios, la Fundación Procultura dejó de funcionar, al igual como dejó de funcionar la investigación que avanzaba sobre Alberto Larraín, Procultura y los gobernadores de Antofagasta, Santiago, Valparaíso, Biobío y Magallanes. Alberto Larraín no ha sido imputado, formalizado y no ha pasado un solo día en la cárcel, pese al evidente compromiso delictual que se presume de sus actuaciones.
¿Por qué el poderoso amigo del Presidente ha tenido este privilegiado trato? ¿Es acaso un ciudadano de primera categoría que desafía la igualdad ante la ley? O lo que es más intrigante: ¿Qué es lo que sabe Alberto Larraín del Presidente Boric y de su expareja Irina Karamanos que le ha permitido salir impune de toda esta trama potencialmente delictual? ¿Lo sabremos algún día?
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