Los efectos de la migración masiva en Chile generan innumerables aristas, entre las cuales está -desde luego-, su impacto político, lo que se demuestra con la irrupción en la agenda de temas, tales como, el control de fronteras, las expulsiones o los impactos en los espacios y servicios públicos.
Sin embargo, muy poco se ha dicho de la arista estrictamente electoral, y con esto no me refiero al impacto de los temas antes mencionados en las elecciones, como hoy acontece en Europa y Estados Unidos, sino a la repercusión que tiene la migración en el padrón electoral chileno, y su combinación con el voto obligatorio, generando el surgimiento potencial de un ‘gran elector’.
Los datos del Servel son elocuentes, y ameritan una reflexión. De acuerdo con la última información disponible, para 2023, se produjo un crecimiento inusitado de electores migrantes, quienes hoy suman 676.028 personas, lo que representa una variación porcentual de 31% respecto del padrón anterior de 2022 y de 78%, respecto del 2020.
Dicho de otro modo, los extranjeros en Chile hoy son el 4,4% del total del electorado, lo que suma más que los votantes de Puente Alto, la comuna más poblada de Chile, que cuenta con 413.938.
En el detalle no hay sorpresa respecto de la composición, siendo peruanos, venezolanos y colombianos las comunidades más grandes de extranjeros, las que aportan también más electores; 183.227, 107.79 y 86.207, respectivamente. Por su parte, los venezolanos son los votantes que más han crecido, con incrementos del 211% con relación a 2022 y de 1.404% respecto de 2020.
¿Qué tan organizadas están políticamente estas comunidades?
Tal vez no tanto, pero es cuestión de tiempo que comprendan que tienen números que pueden definir elecciones. En las presidenciales más reñidas de la historia reciente, las diferencias son menores que el padrón de votantes extranjeros; 187.589 votos entre Lagos-Lavín (1999), 223.392 entre Piñera-Frei (2010), 486.625 entre Bachelet-Piñera (2005) y 636.290 entre Piñera-Guillier (2017), y en las dos primeras, con un padrón de un 4% de extranjeros, el resultado pudo haber sido otro.
También tienen números más grandes y crecientes que los militantes de partidos políticos, pues sus padrones son varias veces el tamaño de los partidos más grandes, como el PC, que tiene 45.680 militantes, siendo el mayor del país en este expediente. Dicho partido sólo equivale a un 42,5% de los votantes venezolanos en Chile.
Una de las ironías de esta situación es que los chilenos no podemos votar en elecciones presidenciales en Perú, Colombia ni Venezuela. La segunda es que el impulsor de este derecho electoral para extranjeros es Jaime Guzmán, quien amplió su derecho en la Constitución de 1980 (artículo 14, donde se establece este derecho a los extranjeros residentes cinco años o más), tal vez sin prever fenómenos migratorios como los que sucedieron 40 años después.
Lo curioso es que ni la Convención ni el Consejo, mandatados a redactar una nueva Constitución parecen haberlo previsto esto, pues sus proyectos reiteraban este punto en los artículos 160 y 21, respectivamente.
El fenómeno de la migración excede los debates de seguridad y asistencia pública, con el voto obligatorio y con su tasa crecimiento son un actor en la escena política que debe ser evaluado y seducido para ganar elecciones cerradas. A menos que el Congreso y el Ejecutivo -ante estos números y falta de reciprocidad de derechos políticos en los países que más extranjeros aportan-, pongan nuevos límites a este nuevo elector.
Por Cristóbal Osorio, abogado.
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