Los gorros rosados que lucían las autoridades hacían perfecto juego con el magenta encendido de los balones de gas con los logos de ENAP y de “Gas de Chile”. Era el 22 de julio del año pasado, y los entonces ministros de la Presidencia, Giorgio Jackson, y de Energía, Claudio Huepe, lanzaban el programa con que el Estado vendería balones de gas a “precio justo”.
Era un plan piloto que comenzaba en Chiguayante, San Fernando y Quintero, y que prometía entregar los cilindros un 40% más barato que los distribuidores privados.
“Este primer piloto esperamos expandirlo con mucha fuerza en los próximos años y esto también demuestra que cuando se quiere, se puede”, sostenía el ministro Jackson. “Cuando hay abuso, como en la industria del gas licuado, el Estado también puede ingresar como un actor que permita llevar bienestar a la población y empujar los precios a la baja”, agregaba.
En esa pauta y en esas palabras aparecían los ingredientes de la receta para el fracaso: voluntarismo, estatismo y chapucería.
Un fracaso que, en efecto bumerán, terminó dañando las ideas que el gobierno esperaba defender.
El contexto nos lleva a 2021. Ese año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) publicó un contundente informe sobre los mercados del gas natural y gas licuado. En este último, la FNE mostró cómo los distribuidores mayoristas han aumentado sus márgenes desde 2014, hasta llegar a 50-55%. El resultado es un precio adicional de US$ 181 millones cada año, por lo que cada familia estaría pagando un 15% extra en cada balón.
“La competencia no está funcionando”, decía el Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco, debido a la concentración de toda la cadena en manos de Copec (Abastible), Gasco y Lipigas.
La FNE proponía medidas sencillas y de rápido efecto, para desconcentrar el mercado y permitir que los distribuidores minoristas pudieran elegir libremente a qué mayoristas comprar, prohibiendo los “amarres” y permitiendo la entrada de nuevas empresas. Así, una competencia real bajaría los precios.
Pero el gobierno no lo hizo. Hasta hoy, las recomendaciones de la FNE siguen guardando polvo. En cambio, optó por los balones magenta, bajo la consigna del “precio justo”. Eran los días de la campaña previa al plebiscito, y una de las polémicas era que el proyecto de la Convención establecía que las expropiaciones serían pagadas a “justo precio”.
Los especialistas explicaban que en la jurisprudencia “precio justo” equivale al precio de mercado. Pero la campaña del Rechazo usaba su infinita capacidad para levantar fantasmas. “Los políticos fijarán la indemnización” decía el convencional Bernardo Fontaine.
Y he aquí que el gobierno ayudaba a la confusión, promocionando un “precio justo” que no era el de mercado, sino uno fijado por ENAP. En vez de solucionar las fallas de la competencia, para que el precio fuera definido por un mercado sin distorsiones, prefería subsidiar el precio para un puñado de consumidores (los beneficiados por el piloto), y no hacer nada por todo el resto.
“¡Gas a precio justo!”, escribía en redes sociales el Presidente Boric. “¿No que el “precio justo” era el precio de mercado?”, le respondía el exministro de Hacienda Ignacio Briones, quien agregaba que “sería interesante conocer el “costo justo” de producción y distribución de este gas a “precio justo”. No vaya a ser cosa que el costo sea mayor que el precio”.
Briones tenía razón. En diciembre, el gobierno desechó el plan piloto, para reemplazarlo por un modelo que centra el rol de la ENAP en la distribución mayorista. Los números del plan piloto fueron desastrosos. Se entregaron solo 5.743 de los 100 mil balones proyectados. Cada uno de ellos fue vendido por $15 mil, pero costó $117 mil, un diferencial financiado con dinero de todos los chilenos.
El gobierno le baja el perfil al bochorno diciendo que era sólo un plan piloto, pero es evidente que no era necesario despilfarrar $591 millones para demostrar un punto que podía probarse con una hoja de cálculo bien hecha.
En cambio, se escenificó una pauta publicitaria, de campaña previa al plebiscito, para comprobar que las fallas de mercado se solucionan poniendo al Estado como empresario. La verdad es que el Estado sí tiene un rol fundamental en la economía, pero este parte por ser un árbitro que asegura reglas justas del juego, no necesariamente un protagonista del mismo.
Es lo que propuso la FNE, pero que el gobierno, creyéndose más pillo y más choro, desoyó. En cambio, optó por el voluntarismo. “Cuando se quiere, se puede”, decía Jackson.
La porfiada realidad lo desmintió. Querer no es poder. Y el resultado es perjudicial, no sólo para el Fisco, sino para los proyectos de La Moneda. De inmediato, la oposición y los grupos empresariales usaron el fiasco para lanzarse contra la reforma tributaria y la política nacional del litio, y defender los intereses de isapres y AFP.
El expresidente de la Sofofa, Bernardo Larraín Matte, dice que el gas fue un “capricho ideológico” que hay que “tener presente cuando se nos dice que el desarrollo del litio lo haremos bajo control estatal”. El alcalde Rodolfo Carter se pregunta “¿imaginan si estos genios administran tu pensión o plan de salud”.
La senadora Luz Ebensperger agrega “¿con qué cara puede el gobierno pedir aumento de impuestos si bota la plata?” El diputado UDI Guillermo Ramírez dice que el tema “trasciende los balones de gas al tema tributario, al tema pensiones, al tema salud”. El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, añade que “el tema de fondo es cómo se usan los recursos del Estado y eso es fundamental en cualquier discusión tributaria”.
Con su chapucería, el gobierno le regaló un argumento a sus adversarios. Y con su voluntarismo, desechó las soluciones de fondo para ofrecer en cambio una torpe puesta en escena.
Mientras, invisibilizada por este show triste, la vida sigue igual: las grandes empresas del gas siguen cobrando de más, y millones de chilenos siguen pagando precios inflados.
Ese es el costo de la chapucería.
Comenta
Los comentarios en esta sección son exclusivos para suscriptores. Suscríbete aquí.