En la década del 50, Papudo y Puchuncaví se diputaban la nueva fundición de cobre de la Enami. Los primeros informes favorecían a Papudo, pero un grupo de “distinguidos vecinos” de Puchuncaví, unidos en torno al Rotary local, organizaron un fuerte lobby de empresarios y parlamentarios a favor del “progreso” y el “empleo” que traería el proyecto, pese a las objeciones de agricultores y pescadores artesanales.
“Los vecinos deben mirar este problema con ánimo patriótico y aceptar algunos sacrificios”, advertía a los opositores en 1957 El Mercurio de Valparaíso. “Es el precio del progreso. La lluvia es indispensable para la agricultura, pero cuando llueve algunos tienen que mojarse”.
Puchuncaví “ganó”. Papudo “perdió”. Orgullosa, la municipalidad de Puchuncaví puso la chimenea de la Enami en su escudo. Ya en 1968, un informe del SAG certificó que la lluvia ácida de esa chimenea estaba arrasando los cultivos. No importó. El parque industrial se completó con termoeléctricas, puertos y múltiples empresas contaminantes. Hoy, Puchuncaví, Quintero y Ventanas forman una de las “zonas de sacrificio” humano y ambiental de Chile.
Estas áreas son más pobres que el promedio de la región y del país. Los “ganadores” tienen tasas de pobreza multidimensional de 27,9% (Puchuncaví) y 26,9% (Quintero), contra 19,1% del “perdedor” Papudo. El prometido progreso fue devastación, enfermedad y pobreza.
En 2021, los argumentos no son tan distintos sobre el proyecto minero y portuario Dominga. Andes Iron, la empresa responsable, cuenta con el respaldo del alcalde de La Higuera y de ciertas “fuerzas vivas” locales. Su vocero suele dar sus declaraciones con un cuidado fondo de personas ondeando banderas a favor del proyecto, y asegura que la construcción es “anhelada por la inmensa mayoría” de sus habitantes. Cita como prueba una encuesta de Cadem, aunque otro sondeo -de la Universidad Católica del Norte- muestra un mayoritario rechazo.
La comunidad teme el impacto ambiental del proyecto, pero también se ilusiona con los 10 mil empleos directos que proyecta Dominga, además de su promesa de proveer de agua desalinizada a una comunidad que ha sufrido la sequía, la privatización de las escasas fuentes de agua disponibles y la impotencia del Estado para asegurar el suministro.
Organizaciones ambientales alertan un efecto devastador sobre un ecosistema único, que alberga, entre otras maravillas, al 80% de la población del pingüino de Humboldt. Andes Iron responde que el puerto estará a 30 kilómetros de la reserva, y que se han tomado todas las medidas de mitigación.
Pero, como siempre, la trama de intereses en conflicto va mucho más allá de los informes técnicos o de la manoseada “institucionalidad”.
En 2010, el comité regional de Coquimbo aprobó la termoeléctrica Barrancones, que amenazaba el mismo santuario ecológico. Dos días después, el presidente Piñera, mediante un telefonazo a los dueños de la empresa, puso fin al proyecto. “Me siento feliz de poder preservar un santuario de la naturaleza que he podido disfrutar con mis propios ojos”, dijo entonces Piñera.
Lo que no dijo, es que su familia era una de las principales accionistas del proyecto Dominga, que competía con Barrancones por instalarse en esa misma área. El vínculo sólo fue revelado siete años después por una investigación de radio Bío Bío. Para entonces, la familia presidencial ya había vendido sus acciones, y el proyecto estaba en manos de su íntimo amigo, dueño de Penta y condenado a clases de ética por delitos tributarios, Carlos Alberto “Choclo” Délano.
En 2010, Piñera nombró subsecretario de Minería a Pablo Wagner, hombre de confianza del “Choclo”. En la indagación del Caso Penta se descubrió que mientras Wagner ejercía como subsecretario, simultáneamente estaba a sueldo del grupo Penta, del que recibió 42 millones de pesos. “Cualquier ayuda será agradecida de por vida por mi familia”, escribía Wagner a Carlos Lavín, el otro socio de Penta. La ayuda era mutua. Como subsecretario, Wagner estaba en estrecho contacto con Pedro Ducci, yerno del “Choclo” y encargado del proyecto Dominga. “En lo que les pueda ayudar, acá estamos para servirlos”, escribía Wagner a Ducci. La entonces seremi de Minería de Coquimbo, Jocelyn Lizana, declaró a la Fiscalía que “el subsecretario Wagner permanentemente me preguntaba respecto a Dominga”, sobre “cómo iba la Evaluación de Impacto Ambiental”.
Finalmente, fue el gobierno Bachelet el que debió decidir sobre Dominga. Entonces se supo que la Presidenta había comprado un terreno de media hectárea a nombre de una de sus hijas, a 12 kilómetros de distancia del proyecto.
En 2017, Dominga fue rechazado tanto en la instancia regional como en el Comité de Ministros, desatando la renuncia de los ministros de Hacienda y Economía. “Algunos no tienen al crecimiento dentro de las prioridades más altas”, dijo al dimitir el ministro Rodrigo Valdés. Crecimiento versus medioambiente. Extracción versus desempleo. Un desarrollo sustentable, que se base en proteger nuestro patrimonio natural, nunca parece opción.
Al volver Piñera a La Moneda, Andes Iron salió con su domingo siete. El tribunal ambiental de Antofagasta ordenó en primera instancia repetir el proceso. En vez de esperar la resolución final de la Corte Suprema , el gobierno volvió a votar en la instancia regional de Coquimbo, y esta vez lo aprobó por 10 votos contra 1. Así, antes de marzo de 2022, el Comité de Ministros de Piñera podría volver a aprobar lo que ya había sido rechazado en 2017.
“El pingüino de Humboldt nos interesa tanto como a ustedes, pero, sin Dominga, cada vez que se hace un censo, esta población disminuye”, dice el gerente de Andes Iron. “Entonces, esta especie va a desaparecer”, lamenta.
Un pronóstico que, a la luz del historial ambiental de Chile, suena a sentencia. Siempre hay que “aceptar algunos sacrificios”. Y esos sacrificios los suelen pagar el ecosistema y las comunidades que viven en él. Es, nos han dicho tantas veces, “el precio del progreso”.
