Columna de Daniel Matamala: El empleado del año

Sobrevivió a dos presidentes de la República y a cinco ministros de Hacienda. Fue nombrado por Bachelet y ratificado por Piñera. Fue el favorito de la élite política y empresarial, hasta que, esta semana, Fernando Barraza al fin fue sacado de la dirección del Servicio de Impuestos Internos (SII).

Su gestión de seis años y siete meses muestra cómo operan los mecanismos de la impunidad, en un país cuya Constitución establece la equidad ante la ley, pero cuyas prácticas aseguran que algunos no sufran las consecuencias de esa teórica igualdad.

Barraza fue nombrado por la Presidenta Bachelet en agosto de 2015, tras quedar en una lista corta del proceso de Alta Dirección Pública. Era un cargo clave. La Fiscalía había destapado los pagos irregulares a políticos, y avanzaba con pruebas irrefutables -correos comprometedores, planillas de pagos, boletas falsas- hacia el corazón de la dirigencia política y empresarial.

¿Cómo frenar a los fiscales? La clase dirigente identificó un punto ciego de la justicia. La ley requería una querella del Servicio para sancionar delitos tributarios. Si el SII no la presentaba, fiscales y jueces quedaban atados de manos.

El ataque fue desde todos los frentes. El 4 de mayo de 2015, mientras evaluaba querellarse contra el exsenador UDI Jovino Novoa, el entonces director Michel Jorratt recibió en audiencia al senador Juan Antonio Coloma (UDI), quien pidió la reunión para “aclarar dudas sobre el proyecto de modernización del SII”. Pero el interés de Coloma, según relató Jorratt a la Fiscalía, era otro: se quejó de la investigación contra Novoa y amenazó al director con que “la UDI iba a contraatacar” si se querellaba.

Finalmente, el SII se querelló, y Novoa fue condenado, aunque solo a pena remitida, por delitos tributarios. Pocos días después, Jorratt y su subdirector jurídico, Cristian Vargas, fueron despedidos.

Es que el poder se aseguró de que el caso de Novoa no se repitiera. Nadie más caería. La investigación tocaba las puertas de La Moneda, con los dineros irregulares entregados por SQM y otras empresas a la precampaña que había liderado el entonces ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo (PPD). Peñailillo llegó a exigir que el SII fuera “con camiones” a incautar toda la documentación de SQM, antes que la Fiscalía pudiera acceder a ella.

El SII fue descabezado e intervenido. La exConcertación, la derecha y prácticamente todos los grandes grupos económicos tenían las manos manchadas con las platas negras de la política. Había que traer a un Mr. Wolf, ese personaje de Tarantino capaz de limpiar evidencias y dejar la escena del crimen limpia y reluciente, todo en tiempo récord (”estoy a 30 minutos de ahí, llegaré en 10″, dice en Pulp Fiction).

Barraza cumplió esa tarea.

Él tenía la llave y el candado de la impunidad, y las usó sin disimulo. No importaba que se acumulara la evidencia sobre delitos cometidos por políticos y empresarios. Los documentos con pruebas de la Fiscalía guardarían polvo en el SII. Simplemente había que dejarlos ahí, y esperar que el reloj corriera hasta que la prescripción borrara para siempre los delitos.

Y en algunos casos en que sí hubo querellas, la fórmula “contra todos quienes resulten responsables” fue reemplazada por una que especificaba que “la presente acción penal por delitos tributarios se dirige única y exclusivamente en contra de las personas singularizadas de manera expresa y nominativa en ella”.

No fuera a ser que a la justicia se le ocurriera perseguir a alguien con demasiado poder.

“Había sectores que querían ‘ver sangre’. Pero yo vine a reposicionar la labor del SII”, concluyó Barraza con abierta satisfacción en 2017, cuando el peligro de que se hiciera justicia ya había pasado. “Si alguien busca que el SII mande gente a la cárcel, nosotros no estamos para eso”, decía.

Para el director de Impuestos Internos, permitir que la justicia actuara en casos que involucraban a personas poderosas era “querer ver sangre”.

Solo correría la “sangre” de los peces chicos. Cuando “Informe Especial” de TVN cuestionó a Barraza por haberse querellado contra una empresa de Arica, por subdeclarar ventas con un perjuicio fiscal de $12 millones, y no contra los grandes grupos económicos por cifras muchísimo más altas, su respuesta textual fue que “en ese caso, tomamos la decisión porque en ese delito, en la comunidad de Arica, esa acción resultó ser relevante, te fijas”.

Esta semana, Barraza fue, al fin, despedido por el nuevo gobierno. Los funcionarios del SII celebraron el fin de “la peor administración en la historia del SII”, que “desmanteló el carácter técnico y el prestigio” del Servicio, al “consagrar la impunidad” de las platas políticas, sumado a un “tratamiento diferencial y complaciente hacia grandes contribuyentes y grupos económicos”.

La salida de Barraza fue, al fin, una señal correcta. Pero su reemplazo se hizo con desprolijidad. El nuevo gobierno designó a Hernán Frigolett (PS), quien fue Tesorero General de la República durante el mismo gobierno de Bachelet. Ciper informó que él y cuatro autores relacionados con Chile 21 (think tank concertacionista financiado entre otros por SQM), recibieron $83 millones de la empresa de Julio Ponce por un informe sobre el litio. Tras la revelación, Frigolett anunció que se inhabilitará en temas relativos a SQM.

Un conflicto de interés que debió ser transparentado por el gobierno de Boric al momento de designarlo.

Es de esperar que Frigolett sea el empleado del año. Pero que lo sea por su excelencia en responder a los intereses de sus verdaderos empleadores: nosotros, todos los chilenos. No por su eficiencia en limpiar las huellas de los actos de una camarilla con demasiado poder y muy pocos escrúpulos.