Columna de Daniel Matamala: Hood Robin

Si en algo coinciden sobre Chile los expertos e informes internacionales, es en que nuestros impuestos tienen una estructura injusta y regresiva, que castiga a los más pobres.

Y, no conformes con ello, estamos dando pasos decisivos para empeorar esa injusticia.

Los impuestos en Chile se concentran desproporcionadamente en gravar el consumo. Esto perjudica a las familias más vulnerables, que gastan casi todo su dinero en productos afectos a IVA. Los hogares del 50% más pobre de Chile destinan 16,2% de sus ingresos a pagar impuestos.

A medida que subimos por la escala socioeconómica, esta cifra baja gradualmente: son hogares que ahorran, que gastan parte de sus ingresos en servicios que no pagan IVA, como educación y salud, y donde el impuesto a la renta es bajo. Así, las familias del percentil 90 pagan menos: 13,3% se va en impuestos.

En el 1% más rico, con muchos profesionales gravados por tasas altas de impuesto a la renta, la proporción es mayor: pagan 19,7%. Pero a medida que llegamos a la punta de la pirámide, el pago de impuestos cae bruscamente. Los que gozan del 0,01% de mayores ingresos son quienes menos pagan en Chile: apenas el 11,8%.

Bienvenidos a Chile, el país en que los súper-ricos pagan menos impuestos -en proporción a sus ingresos- que los pobres. Y que va camino a empeorar esa realidad.

El Partido Republicano presentó enmiendas al proyecto de nueva Constitución, que eximen del pago de contribuciones a las primeras viviendas, y dictaminan que “la ley no podrá, en caso alguno, establecer tributos que graven el patrimonio de las personas”.

Pretenden así elevar a rango constitucional esta lógica de Hood Robin: quitarle a los pobres y darle a los ricos.

Veamos por qué.

Eximir de contribuciones a la primera vivienda suena bien; a nadie le gusta pagar impuestos. Pero hoy, el 77% de las propiedades ya está exenta. La recaudación por contribuciones en Chile es una anomalía, por lo baja: 0,8% del PIB, contra cifras entre 2% y 4% del PIB en la mayoría de los países de la OCDE.

Si se eliminan, son más de 2 mil millones de dólares que habría que reemplazar, subiendo otros impuestos regresivos, o recortando beneficios sociales. En cualquier caso, será una transferencia de recursos de los sectores más altos a los más bajos. Hood Robin.

Ni hablar de la enmienda sobre el patrimonio. En la última reforma tributaria (QEPD) la propuesta de impuesto a los súper-ricos (QEPD, también) gravaba a las personas con patrimonio sobre $ 4.550.328.000 (Cuatro mil quinientos cincuenta y cinco millones trescientos veintiocho mil pesos). Ahora, sólo plantear esa discusión sería inconstitucional.

¿En verdad vamos a escribir una nueva Constitución para que un segmento privilegiado, que ya es el que menos tributos paga en relación a sus ingresos, quede excluido a priori de cualquier debate sobre impuestos?

¿Si queremos proteger a algún grupo en Chile, no sería más lógico partir por los más vulnerables, y no por los súper-ricos?

Hood Robin en su máxima expresión.

Porque este afán de constitucionalizar los impuestos (lo que ya es una pésima idea) no considera eximir de IVA a los más pobres, o quitar impuestos al pan o a la leche. No. Sólo blindan a los más ricos, una especie de “Enmienda Luksic” o “Enmienda Angelini”, que profundiza la desigualdad.

Porque, de nuevo, si no se pueden tocar ni con el pétalo de una rosa los impuestos de los grandes patrimonios, quedan dos caminos: aumentar otros tributos, o reducir inversión social. Como sea, pierden las familias más vulnerables.

La OCDE lleva años advirtiendo a Chile por esta estructura tributaria al revés (tienes más, pagas menos), y aplaudió la frustrada reforma tributaria (QEPD) diciendo que iba “en la dirección correcta de generar ingresos adicionales de manera progresiva mientras se promueve la productividad y la sustentabilidad ambiental”.

Pero la Cámara de Diputados rechazó incluso la idea de legislar. En la cuenta pública, el Presidente Boric anunció que insistiría con la reforma, para lo que necesitaba los 2/3 del Senado.

Esta semana se rindió a la realidad, y presentó un nuevo “Pacto Fiscal” que renuncia a crear el impuesto a los altos patrimonios, y chutea para 2024 la discusión sobre tasas, para centrarse en medidas de productividad, mejor gasto público y reducción de la elusión y la evasión.

Hoy Chile pierde 4,5 puntos del PIB (más que todo el presupuesto de educación), en evasión y elusión de rentas del capital. O sea, en impuestos que los más ricos deciden no pagar. Lo hacen con impunidad y descaro: el columnista regalón de cierta élite económica, Axel Kaiser, los justifica, diciendo que “evadir impuestos no es pecado” porque son “un acto de confiscación de la propiedad a su legítimo dueño”.

Para que no le metan el dedo en la boca, estimada lectora, estimado lector: no, los impuestos en Chile no son altos. Según la OCDE, se pagan menos tributos que esos países cuando tenían nuestros ingresos actuales, por lo que Chile debería “aumentar su bajo nivel de impuestos y reequilibrar su estructura fiscal”, considerando que “son pocos los países que han alcanzado la prosperidad económica históricamente con una baja carga tributaria”.

Y no, tampoco tenemos un Estado despilfarrador. Hay ineficiencias y casos de corrupción, que deben perseguirse y castigarse drásticamente. Pero, según el World Governance Index (WGI) del Banco Mundial, Chile está en el 20% mejor del mundo en cinco de los seis parámetros que mide: responsabilidad, efectividad del gobierno, calidad de las regulaciones, imperio de la ley y control de la corrupción.

Hay mucho que mejorar, sin duda, y avanzar hacia un Estado más eficiente y menos corrupto es parte fundamental del debate. Pero digamos las cosas como son: clausurar la discusión sobre los impuestos significa privilegiar a unos pocos poderosos sobre el bien común de los chilenos. Y así, como un Robin Hood al revés, perjudicar a los más vulnerables en beneficio de un pequeño grupúsculo de la sociedad.