“A mí no me den, pónganme donde haiga”. La vieja frase, símbolo de la corrupción de los gobiernos radicales, nunca pasa de moda. Porque los frescos siempre están al acecho de nuevos lugares en que haiga. Y hace rato ya que encontraron uno: las devoluciones de gastos de campaña.
La ley permite pedir reembolsos con topes que dependen de los votos obtenidos (entre $ 1.100 y $ 1.500 por cada sufragio, aproximadamente). El incentivo queda servido, y la ley le facilita las cosas a los inescrupulosos. Basta con encontrar voluntarios dispuestos a firmar boletas falsas o desproporcionadas, y topón para dentro.
Lo de Franco Parisi declarando $ 580.400 pesos en cinturones, corbatas, calzoncillos, calcetines y zapatos Hugo Boss, en 2013, fue apenas una anécdota de principiantes. La trampa se ha ido perfeccionando con los años. En la campaña de convencionales, 170 familiares figuraron como “proveedores” de 128 candidatos, cobrando en total $ 180 millones: cónyuges, hermanos, tíos, sobrinos, el boletariado en pleno.
La sospecha generalizada es que hay candidaturas y partidos que se levantan con el propósito de esquilmar al Fisco. Felices y Forrados (FyF), una empresa con fines de lucro, intentó inscribir listas de candidatos que debían tener una membresía pagada con la empresa, movida que fue frenada por el Servel. Poco después, el fundador de FyF, Gino Lorenzini, rompió su alianza con Franco Parisi denunciando una “maquinaria” de su Partido de la Gente (PDG) para quedarse con la devolución de fondos, consistente en “ofrecer una empresa externa que está formada por gente de la misma directiva del partido”, según dijo.
Efectivamente, el PDG había decidido “centralizar” los gastos de sus 382 candidatos: todos ellos acreditarían servicios de la misma empresa, Ponder Group, la que recibiría luego dinero fiscal por esos votos. Por supuesto, la “empresa” son ellos mismos: participantes del programa de redes sociales que sirve de plataforma a Parisi (“Bad Boys”) y un candidato del PDG.
Tras revelarse públicamente estos antecedentes, el partido desistió de la idea, aunque ha encontrado más formas “creativas” de recibir dinero. Parisi pidió públicamente a sus seguidores que hicieran depósitos a la cuenta corriente personal del presidente del partido.
Esta semana se supo que la campaña a gobernadora de Karina Oliva, hasta el miércoles candidata favorita al Senado de Apruebo Dignidad, recibió $ 137 millones de reembolso fiscal contra boletas de siete militantes de su partido, Comunes, cada uno de los cuales “cobró” hasta $ 40 millones. “Chile Movilizado”, un supuesto centro de estudios que ni siquiera tiene sitio web, fundado por la propia Oliva y de la cual ha sido presidenta, vicepresidenta y directora ejecutiva, boleteó por $ 120 millones. Y una productora asociada a la candidata cobró $ 50 millones por un “cierre de campaña y desayuno feminista”.
El caso pasó colado por el Servel, y sólo salió a la luz por una publicación de Ciper. El director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, alerta que la ley entrega “espacios, y en algunos casos, forados” para defraudar al Fisco. Sólo la investigación de Ciper y la involuntaria autodenuncia de Oliva (confesó que las boletas encubrían otros gastos, además de servicios previos a la campaña) permitieron abrir una investigación penal.
Estos escándalos son terreno fértil para “soluciones” interesadas. En septiembre, el diputado UDI Jorge Alessandri propuso eliminar los reembolsos. “Tenemos plata para los beneficios sociales o tenemos plata para financiarles los carteles y calzoncillos a los candidatos”, justificó. No hay que ser adivino para entender las consecuencias. Sin reembolso fiscal, los candidatos volverían a depender de besar la mano a los poderes económicos para financiar sus campañas, rogando por “raspados de la olla” o “vales de combustible”.
No, la solución no es retroceder a los días de gloria de Penta y SQM, sino avanzar a un control real: exigir registro público de proveedores, fijar tarifas máximas por servicios, establecer incompatibilidades. También fiscalizar en serio los gastos de las campañas, y no sólo hacer fe de lo que declaran los candidatos. Habiendo dinero público involucrado, debe haber un estándar exigente, más parecido al de la Contraloría que al timbre fácil del Servel.
Y además, necesitamos partidos e instituciones que actúen a la altura.
Fue alentador que el candidato presidencial y el pacto de Oliva (Boric y Apruebo Dignidad) le quitaran su respaldo, marcando una diferencia con las defensas corporativas y las hipócritas “presunciones de inocencia” con que los partidos suelen blindar estos casos de platas ilegales.
Más confuso es el actuar de la Fiscalía. Como recordó esta semana el presidente del Servel, ese organismo denunció en 2018 a la campaña presidencial de Marco Enríquez-Ominami para las elecciones pasadas, en la que “para completar el máximo derecho a reembolso que tenía, metieron una factura de una sociedad que se constituyó después de la elección, que aparecía prestando servicios antes de la elección. Ese caso todavía está pendiente”, recordó Andrés Tagle.
En llamativo contraste, este viernes la sede de Comunes fue allanada por un piquete del GOPE, que rompió candados e irrumpió apuntando con armas largas, en una escena cinematográfica que contrasta con el trato preferencial que han recibido tantas empresas y políticos involucrados en hechos similares. ¿Es un nuevo estándar que se aplicará a todos, o una puesta en escena a pocas horas de las elecciones?
Las reformas son urgentes. Cada ciclo electoral en que una campaña sea un nicho de negocios significa atraer a más chantas, pelafustanes y estafadores armando candidaturas y partidos de papel para esquilmar al Fisco. Y significa alejar cada vez más a los ciudadanos honestos de una política que se percibe como un simulacro destinado a inflar los bolsillos de algunos corruptos.
