Columna de Daniel Matamala: Provida

Basta una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados”, dijo Simone de Beauvoir. Y esta semana, en medio de la grave crisis política que vive Estados Unidos, la Corte Suprema le dio la razón. Revirtió Roe versus Wade, el fallo de 1973 que reconoció la interrupción del embarazo como un derecho de las mujeres.

Las olas de este maremoto remecen los derechos civiles en el mundo entero. Para entender por qué, hay que partir por enmarcar la discusión.

Muchos grupos contrarios al aborto se denominan “provida”. Pero su matriz ideológica no es la defensa de la vida, sino la resistencia al concepto moderno de libertad individual, en que cada persona toma autónomamente decisiones sobre su vida. A él, oponen una visión tradicional de la sociedad, anclada generalmente en principios religiosos, según la cual las personas cumplen roles preasignados. En el caso de las mujeres, la maternidad y la vida familiar.

Si la defensa de la vida fuera su objetivo, deberían haber encabezado la defensa de ella durante la dictadura. Algunos sí lo hicieron. Pero muchos de los más fervientes detractores del aborto fueron, o son hasta hoy, entusiastas calcetineros del régimen criminal de Pinochet.

Si evitar abortos fuera su único fin, los “provida” deberían ser los más entusiastas promotores de la educación sexual, la planificación familiar y los métodos anticonceptivos. Los veríamos repartiendo condones e informando a hombres y mujeres sobre la prevención del embarazo. En cambio, se han dedicado sistemáticamente a boicotear estas iniciativas y mantener a los jóvenes en la ignorancia sobre su vida sexual y reproductiva. La educación sexual en los colegios (¿recuerdan el escándalo por las JOCAS?) y el acceso a la píldora del día después existen a pesar de -y no gracias a- ellos.

Lo que defienden no es la vida del embrión o el feto. Es la oposición a que las mujeres tomen las riendas de su vida sexual y reproductiva.

Esta resistencia a la libertad individual afecta especialmente a las mujeres, pero no acaba allí. Por décadas, muchos de los más militantes “provida” han defendido un modelo de sociedad en que los niños son castigados por su cuna y los homosexuales son considerados delincuentes. Recién en 1998 Chile dejó de discriminar a los hijos “ilegítimos”, recién en 1999 despenalizó las relaciones sexuales entre adultos del mismo sexo, recién en 2004 permitió el divorcio, recién en 2021 el matrimonio igualitario, y recién en 2017 acabó la criminalización del aborto en los casos más extremos: violación, inviabilidad o peligro de vida de la mujer. Los grupos conservadores se opusieron a todas estas reformas.

En cambio, defendieron a brazo partido la legislación “provida” impuesta por la dictadura bajo la máxima de Jaime Guzmán: “La madre debe tener el hijo aunque salga anormal, no lo haya deseado, sea producto de una violación o aunque de tenerlo derive su muerte”.

Eso no es ser “provida”, es ser misógino.

A los hombres tal vez nos cueste entenderlo, porque no corremos el riesgo de que el Estado disponga de nuestro cuerpo, bajo amenaza de cárcel, ni en las circunstancias más extremas. Aunque la donación de un riñón, nuestra sangre o nuestras plaquetas sean necesarias para salvar la vida de otra persona, tenemos todo el derecho a negarnos. Incluso ya muertos, se debe respetar nuestra decisión de no ser donantes, aunque esa negativa signifique la muerte de otra persona.

Sí: en nuestra legislación, un cadáver tiene más derechos sobre su cuerpo que una mujer embarazada.

Por eso suele decirse, con mucha razón, que si los hombres nos embarazáramos, el aborto jamás habría sido ilegal. Es que, de nuevo, no se trata de defender la vida. Se trata de defender una concepción tradicional del mundo que no reconoce la autonomía individual de las mujeres.

Son los mismos derechos que hoy están en riesgo en Estados Unidos. Los jueces argumentan que en 1868, cuando se aprobó la 14ª enmienda que protege los derechos de los ciudadanos, los legisladores no tenían en mente el derecho al aborto. Los jueces que redactaron el voto de minoría replicaron que “el pueblo no ratificó esa enmienda. Lo hicieron los hombres”, recordando que en ese entonces las mujeres ni siquiera tenían derecho a voto.

Uno de los jueces conservadores, Clarence Thomas, argumenta explícitamente que, siguiendo este mismo razonamiento, la corte ahora debería revertir los fallos que legalizaron el acceso a métodos anticonceptivos, las relaciones entre personas del mismo sexo y el matrimonio igualitario, ninguno de los cuales estaba en la mente del legislador en 1868.

Quieren devolver las libertades civiles al Estados Unidos del siglo XIX. O al Chile de 1998.

Mientras, en nuestro país, la Convención aprobó el derecho a “una interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos”, especificando que “la ley regulará el ejercicio de estos derechos”. Chile se sumaría así a la inmensa mayoría de democracias avanzadas que reconocen este derecho, con límites de tiempo regulados por ley (la OMS habla de aborto hasta la semana 22, aunque la mayoría de los países establecen períodos más breves).

El senador Kast, cada vez más indistinguible del excandidato Kast, a quien intenta denodadamente copiar en forma y fondo, pagó publicidad radial asegurando que el texto “permite el aborto hasta los nueve meses”. Fue corregido por expertos en derecho constitucional, pero insistió en su aseveración falsa. El Kast original se sumó asegurando que “el Estado garantiza el aborto sin límites. ¿Por qué odian la vida? ¿Por qué detestan a los niños que están por nacer?”, a la vez que celebraba como “un hito histórico” el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos.

Los argumentos son los mismos, acá y allá. Es que no se trata de “defender la vida”. Son la igualdad de derechos de las mujeres y las libertades individuales de todos los ciudadanos las que están bajo ataque.