No hay más. Chile Vamos oficializó su postura de que la nueva Constitución sea escrita por un órgano “mixto”: la mitad de sus miembros elegido por votación y la otra mitad, “expertos” designados por el Congreso.
En tres meses de tortuosas negociaciones, todas las promesas se han ido al tacho de la basura. Ocho días después del plebiscito, hubo acuerdo en torno a un órgano 100% electo, pero este fue boicoteado por sus propios parlamentarios. Hace apenas unas semanas, presentaron una propuesta de 50 miembros electos, siguiendo el modelo del Senado. Pero eso ya no existe. “Nuestras bancadas de diputados y senadores no son partidarios de un órgano 100% electo”, dijo el presidente de RN, Francisco Chahuán.
¿Qué pasó en estas semanas? Un partido político en formación, Amarillos por Chile, propuso un comité totalmente designado. Líderes de la ex Concertación se abrieron al 50-50. Y, envalentonados por el curso de los acontecimientos, los negociadores de la derecha dejaron sin piso al presidente de la UDI, Javier Macaya, que buscaba fórmulas para permitir que la nueva Constitución partiera desde la soberanía popular.
Las negociaciones ya habían avanzado en una larga serie de resguardos o candados. El nuevo órgano trabajaría con límites precisos, con 12 requisitos programáticos preacordados, y en base a un anteproyecto generado por un comité de expertos. Más aún: para evitar cualquier sorpresa, el nuevo borrador debería ser ratificado por los 4/7 del Congreso antes de ir a plebiscito.
Pero nada de eso fue suficiente frente al apetito de una “cocina” alimentada por la creciente indiferencia ciudadana ante el indescifrable curso de las negociaciones.
Es un retroceso de dimensiones históricas, no solo por el hecho en sí, sino por las justificaciones, que ponen en jaque el concepto mismo de soberanía popular y desnudan la hipocresía de diputados y senadores.
Dicen que no pueden repetirse los errores de la fracasada Convención. Eso tiene lógica cuando se habla de evitar las largas negociaciones sobre el reglamento, la sobrerrepresentación de los escaños indígenas o las listas de independientes, que provocaron gran dispersión de los votos. Pero se va más allá: se cuestiona el principio de que debe ser el pueblo el que elija a sus representantes.
Hace 20 años, argumentos análogos se usaban para defender la existencia de los senadores designados. Decían que daban “estabilidad” y “equilibrio”, y alejaban a la política de las “pasiones”. Entonces, si la votación democrática es un problema, ¿por qué la Cámara de Diputados y el Senado sí deben ser elegidos por el pueblo? ¿Confiamos en la gente para elegir a quienes escriban las leyes, pero no a quienes escriban la Ley Fundamental?
Si son coherentes, diputados y senadores deberían proponer que también en sus cámaras se incluya una mitad de parlamentarios designados. Ah, y de paso podrían compartir no solo el poder con ellos, sino también sus millonarias dietas y exuberantes “gastos de representación”.
Hipócritas son también los argumentos de parlamentarios contra el “circo” de la Convención. Basta ver el pandemonio en que está convertido el Congreso, y en especial la Cámara de Diputados: peleas incesantes por el poder, censuras a mesas y comisiones, discursos de odio, shows, agresiones y escándalos de toda estofa, como el uso irregular de vales de bencina.
¿Acaso se creen mejores? ¿Creen que la ciudadanía los juzga mucho mejor que unos convencionales que, con todos sus errores, al menos trabajaron más y ganaron menos?
La Convención fracasó. Ese es un hecho político indudable. De él hay que sacar lecciones para que el proceso sea distinto y no repita esos ripios. Pero de ahí a cuestionar el concepto mismo de soberanía popular, hay un paso tan largo como peligroso. Como suele decirse, los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, no con menos.
La verdad detrás de la “mixta” es que los partidos, tanto de Chile Vamos como del oficialismo, ven con reticencia una nueva elección. Las fuerzas que apoyan al gobierno temen que la baja popularidad del Presidente Boric les signifique un desastre electoral. Y sobre la derecha, el histórico UDI Gonzalo Cordero lo sinceró: “Si Chile Vamos llega a acuerdo para elegir una nueva Convención estará regalando su electorado a Republicanos y PDG, esa sí que será responsabilidad histórica”.
Estos cálculos mezquinos se justifican con el argumento de que “la gente quiere” un órgano mixto. Eso habrá que recordárselo a los honorables, ya se le preguntó a la ciudadanía. Y esta, con un abrumador 79% de los votos, rechazó la opción de una Convención mixta en el plebiscito de 2020. Dos años después, los políticos pretenden imponer por secretaría una versión remozada de aquella que sacó el 21% de los votos.
Eso es una burla a la soberanía popular.
Se basan en encuestas que entregan apoyo a la presencia de “expertos” en una nueva Convención. Claro, suena bien que haya expertos a cargo de redactarla. Pero el punto clave es quién elige a esos supuestos especialistas. Cuando se pregunta así, el 53% de los encuestados pide que los “expertos” sean elegidos por voto popular, y apenas el 20% cree que deberían ser escogidos por el Congreso.
Lógico: bienvenidos los “expertos”, pero elegidos por la gente, no designados por los parlamentarios, con el mismo cuoteo con que hoy reparten las sillas de órganos como el Tribunal Constitucional.
Porque cuando se habla de expertos designados por el Congreso, de eso hablamos. De restar poder al voto de los ciudadanos, y en cambio repartirlo entre amigos de los diputados y senadores, dirigentes de los partidos políticos y operadores de sus think tanks satélites, con “reconocida experticia en asuntos públicos, constitucionales e institucionales”.
Eso no es democracia.
Es creer que 20 años no es nada, y que, como en la época de los designados, la soberanía popular es un asunto negociable, un peón más sobre la mesa, que puede sacrificarse y enrocarse según las conveniencias del momento.
