Columna de Daniel Matamala: Signos de exclamación

La cadencia es siempre la misma, una rutina que se repite en un loop infinito. Primero ocurre un crimen que causa especial conmoción. Por la extrema violencia utilizada, por lo escabroso de sus detalles, por quién es la víctima.

Comienza entonces una desesperada carrera entre los políticos por quién da la declaración más rimbombante, quién exige la medida más drástica, quién presenta el proyecto más llamativo. No valen los matices ni la reflexión. Para ganar portadas, hay que sonar duros, implacables. ¡Estado de emergencia! ¡Penas máximas! ¡Militares a la calle! ¡Cárcel para menores de edad!

Entonces reacciona el Presidente. “¡Vamos a ser unos perros! ¡Los vamos a perseguir por cielo, mar y tierra!”. Esas frases no significan nada. Sólo importa que lleven signos de exclamación, que permitan, como aconsejan los expertos en comunicación, “empatizar” con la ciudadanía.

Luego vienen los anuncios: un proyecto de ley, penas más severas para el delito recién cometido, un comité o una comisión o un grupo de trabajo, da lo mismo, pero con la palabra “seguridad” en él. Lo importante es que se comunique con una escenografía de muchos autos policiales relucientes, con las balizas encendidas.

¿Siguiente crimen? Copiar y pegar. Y así ad infinitum.

Esta semana, tras el asesinato de un niño de cinco años atrapado en una balacera, tuvimos la dosis habitual. Los alcaldes de La Reina y La Florida anunciaron, con bombos y platillos, la instauración de “estados de emergencia” comunales.

Es una declaración propagandística. Como explicó el Contralor Jorge Bermúdez, “no existe tal cosa en el ordenamiento jurídico chileno; los estados de excepción son los que están establecidos en la Constitución”.

El alcalde de La Reina dijo que “Carabineros de Chile respondió de inmediato a nuestro decreto a nivel comunal, aumentando su dotación en La Reina”. Carabineros lo desmintió públicamente, aclarando que “no existe aumento de dotación policial en la comuna de La Reina”.

Los alcaldes no pueden limitar las libertades individuales, como ocurre en un estado de emergencia constitucional. Tampoco son ellos quienes definen a qué comuna se destinan los carabineros.

El mejor resumen del estado de las cosas lo dio la alcaldesa de Las Condes. “Si bien la comuna está con buenas cifras en materia de prevención de delito y de reducir los mismos, vamos a evaluar si Las Condes se suma a este estado de emergencia comunal”, porque “tenemos que dar una señal clara al gobierno”.

En la comuna hay menos delitos, pero decretamos una emergencia para la que no tenemos facultades y que en la práctica no significa nada. ¿Para qué? Para “dar una señal al gobierno”.

Lo más dramático es que no tenemos un alza de los delitos comunes, que están en niveles históricamente bajos. Lo que sufrimos es una explosión de hechos brutales, asociados al crimen organizado. Nuestra tasa de homicidios sigue siendo la más baja de América Latina, pero los asesinatos aumentaron 28% en el último año, y delitos antes casi inexistentes, como el sicariato, las ejecuciones en la vía pública y el secuestro extorsivo, se repiten con mayor frecuencia.

Ese tipo de criminalidad no se combate con “señales” ni “estados de emergencia” falsos; menos, anunciando “batallones de protección ciudadana” con civiles desarmados y sin atribución legal.

No necesitamos anuncios rimbombantes cada semana. Requerimos justo lo contrario: políticas consistentes, sostenidas en el largo plazo.

No necesitamos políticos que se autodenominen “sheriff”, condecorándose a sí mismos con una placa de aluminio comprada en Alí Express. Necesitamos políticos que implementen planes guiados por expertos, siguiendo la evidencia internacional.

En cambio, tenemos a un gobierno acomplejado, que antes prometía la refundación de Carabineros, y ahora actúa apenas como un cheerleader de las instituciones policiales.

En cambio, tenemos a políticos infundiendo terror para buscar votos, como lo hace en estos días la campaña republicana, con dramatizaciones en clave gore bajo el título “Chile tiene miedo”.

En cambio, tenemos una discusión política centrada en cómo desguazar al Estado, privándolo de recursos indispensables, justo cuando las poblaciones vulnerables requieren más carabineros, más comisarías, mejor iluminación, más plazas, más centros deportivos, más ayudas sociales, mejores colegios y consultorios.

Como dice Pablo Carvacho, investigador del Centro Justicia y Sociedad UC, “cuando el Estado no tiene una oferta para pensar el futuro de manera prosocial, cuando asistir al colegio o tener una carrera se ve lejano, el narco ofrece la única alternativa válida”.

Es que la ausencia del Estado deja un vacío que llenan las organizaciones criminales. En 2012, Ciper identificó 80 “zonas ocupadas” en la Región Metropolitana, en que los narcos habían reemplazado en gran medida al Estado. En 2021 habían subido a 174. En ellas vive cerca de 1 millón de personas.

Diego Sazo, del Instituto Milenio para la Investigación en Violencia y Democracia UC, atribuye este fenómeno al retroceso del Estado, por el estallido y la falta de ayudas sociales al comienzo de la pandemia. “El crimen organizado crece donde el Estado está ausente”, advierte también Carvacho.

Sumemos a ello el aumento de la deserción escolar, y la llegada de organizaciones criminales transnacionales, desde países como Venezuela y Colombia, que buscan desplazar a las bandas locales en el control territorial, mediante un uso más brutal de la violencia.

Ese es el panorama. Urge más inteligencia policial, combate a las mafias extranjeras, seguimiento al lavado de activos, presencia del Estado en zonas críticas, horizonte para jóvenes vulnerables. Pregúntese usted si alguna de estas soluciones de fondo se logra con el tipo de anuncios y debates que vemos todos los días en matinales y redes sociales.

Con estas performances en que los políticos alzan la voz, se declaran indignados y anuncian medidas vacías, pero adornadas con muy llamativos signos de exclamación.