Columna de Daniel Matamala: Un día luminoso

Es difícil exagerar la importancia de lo que ocurre en estos momentos. Este fin de semana no sólo es inédito en nuestras vidas, es inédito en nuestra República. En 200 años de historia, todas las Constituciones han sido escritas por un grupo de caballeros (y ocasionalmente alguna señora) representándose a sí mismos o a sus socios de la oligarquía.

Ni nuestros abuelos, ni nuestros bisabuelos, ni nuestros tatarabuelos tuvieron jamás la oportunidad que nosotros tenemos hoy: ser parte activa del proceso para redactar democráticamente la norma fundamental que regirá a nuestra sociedad.

Es un momento único. Uno que, como sabemos, no fue concedido graciosamente desde arriba hacia abajo, sino que fue obtenido por los ciudadanos en una movilización sin precedentes. Y con aditamentos especiales: será una convención paritaria, representativa de los pueblos indígenas y, probablemente, con un significativo número de independientes. En un país que parecía resignado a la mediocridad, estamos liderando un proceso de avanzada, que es seguido con interés en el mundo.

La frase hecha dicta que en el día de las elecciones, todos los ciudadanos valemos lo mismo. Claro, todos los votos son iguales. Pero también sabemos que ese embrujo de Cenicienta convertida en princesa se rompe apenas el conteo termina. Que, antes y después de votar, algunos se las ingenian para ser más iguales que los demás.

Así ocurre con el poder del dinero. Hemos avanzado: ahora al menos podemos conocer quiénes pagan las campañas, un dato que antes era secreto (aunque, ante la nula fiscalización, es probable que mucho dinero se mueva bajo la mesa). También hay límites de donaciones, pero hay formas legales de burlarlos. Los datos del Servel muestran que una sola familia donó $ 874 millones, repartidos entre Felipe Ibáñez Scott, su esposa y tres hijos. Todo ese dinero fue a la UDI, al Partido Repubicano, Evópoli y Renovación Nacional.

Los grandes donantes son nombres conocidos de la élite empresarial. Juan Manuel Casanueva, presidente del grupo GTD y de Telefónica del Sur, ha aportado $ 105 millones. La familia Solari (Falabella) aparece con $ 180 millones, sus socios, los Del Río, con $ 62 millones. Los Claro, con $ 83 millones.

Y los líderes de los principales gremios empresariales también se hacen sentir a golpes de bolsillo. El presidente de la CPC, Juan Sutil; el saliente timonel de la Sofofa, Bernardo Larraín Matte, y el padre de su casi seguro sucesor, Wolf von Appen, aparecen entre los principales donantes.

Los destinatarios son siempre los mismos. Según la Fundación por la Transparencia, 30 de los 1.191 candidatos (el 2,5% de los postulantes) concentraron casi la mitad de los aportes (46%). Veinticinco de los 30 son de la lista Vamos por Chile. Del mismo modo, 14 de las 15 campañas más milonarias pertenecen al oficialismo (la única excepción es el DC René Cortázar).

¿Qué tanto pesará el dinero en la elección? ¿Cuánta muñeca dará ello al poder económico para defender sus intereses en la convención? El riesgo de captura del proceso constituyente es un punto que vale la pena tener en cuenta.

Es probable que una proporción importante de los constituyentes no sean políticos profesionales. Eso podría hacerlos más autónomos de las presiones de los financistas, pero también los volverá más dependientes de los “expertos” para su trabajo. Y eso no es baladí. Habrá que fijarse en cuáles serán los especialistas que se convoquen, y fiscalizar sus conflictos de intereses, de modo que los constituyentes cuenten con asesorías pluralistas, equilibradas y donde los intereses privados, que suelen disfrazarse de impoluta tecnocracia, se expliciten con claridad.

Vigilar el peso del dinero es fundamental. En Chile, las dos principales leyes sobre explotación de recursos naturales están marcadas por la indeleble cicatriz de la corrupción. La Ley de Pesca, en que Corpesca compró a parlamentarios. Y el Impuesto a la Minería, en que SQM redactó un artículo en su directo beneficio. Ambas leyes siguen plenamente vigentes, y las empresas siguen beneficiándose de ellas. Si algo así se repitiera en la Constitución, la legitimidad de nuestro nuevo pacto social moriría antes de nacer.

Con todo, hay motivos para el optimismo. Esta semana se entregaron los resultados del proceso de Las y Los 400, un programa creado por la Universidad de Stanford en que 400 ciudadanos elegidos por sorteo se reunieron a deliberar sobre pensiones y salud, asesorados por un panel pluralista. ¿El resultado? En gran parte de los temas polémicos se acercaron posiciones y se llegó a acuerdos por mayorías de dos tercios o más. Un modelo de trabajo del que los constituyentes podrían beneficiarse.

Una esperanza similar muestra la encuesta Criteria que publica La Tercera, según la cual el 63% de los chilenos cree que la nueva Constitución traerá consecuencias positivas para el país, contra sólo 13% que prevé efectos negativos. El 71% se declara “optimista” y el 70% prefiere que la Constitución sea “el resultado del diálogo y la negociación entre distintos grupos”, y no de mayorías fuertes.

Más interesante aun: apenas el 23% cree que habrá cambios relevantes cuando se promulgue la nueva Constitución. Un mayoritario 65% asume que deberán pasar cinco o 10 años para ver esos progresos.

Una ciudadanía optimista, partidaria del diálogo y la negociación, pero que al mismo tiempo entiende con realismo que las soluciones son lentas y de largo plazo. ¿Cómo no estar esperanzados?

Sí, la incertidumbre es grande. Sí, el poder del dinero sigue roncando fuerte. Sí, habrá disputas, peligros y capturas. Pero en un sistema anquilosado y hermético se ha abierto un espacio invaluable, una rendija que debemos cuidar y atesorar. Citando a Leonard Cohen, “hay una grieta en todo. Así es como entra la luz”.

Y hoy es un día luminoso.