Domingo. Marco Enríquez-Ominami lanza su cuarta candidatura presidencial consecutiva, después de que un fallo del Tribunal Constitucional le devolviera su derecho a sufragio.
ME-O está acusado y a la espera de un juicio oral. La fiscalía acreditó la emisión de 36 boletas a SQM, la empresa del exyerno de Pinochet, a través de su colaborador Cristián Warner, por $ 391 millones.
ME-O se reunió varias veces con Patricio Contesse, el encargado de pagos a políticos en SQM. En correos entre Warner y la secretaria de Contesse aparecen diálogos como estos: “Me permito molestarla para saber si ha tenido alguna referencia al tema que le planteaba unos días atrás, referido al proyecto de Marco Enríquez Ominami”. “¿Cuánto era el monto del aporte comprometido por don Patricio? ¿Don Marco debe tenerlo claro o no?”. “Sí, Marco me comentó claramente que eran adicionales. Es decir, mantenemos los cuatro millones mensuales y le agregamos este adicional dividido en 12 meses. Eso fue lo que me transmitió Marco textual”.
Contesse confesó que ME-O “me solicitó apoyo financiero para su candidatura presidencial de 2009. Yo accedí”. Desde entonces, ha vuelto a ser candidato en 2013, 2017 y, ahora, 2021.
Lunes. Pedro Velásquez es inscrito por Chile Vamos como candidato a senador por Coquimbo. Velásquez fue alcalde de Coquimbo entre 1992 y 2006, cuando fue condenado como autor de fraude al Fisco. La sentencia fue de 300 días remitidos, multa de $ 150 millones e inhabilitación perpetua para ser alcalde. Pero no para ser parlamentario.
Luego, Velásquez dejó la Democracia Cristiana y se paseó por cupos del PRI, la Federación Regionalista Verde Social, el PRO de ME-O y de nuevo el PRI. Fue elegido diputado dos veces, en 2009 y 2017, y en 2013 llegó a ser vicepresidente de la Cámara.
Velásquez no ha pagado la multa, y calcula que, entre intereses y otros, ya le debe al Fisco “entre $ 500 y $ 600 millones”. Pide “repactar en 120 cuotas”, y evalúa “pedirle al Presidente un indulto”. En 2020 se viralizó un video en que el honorable amenazaba a una automovilista con pegarle “un combo en el hocico”.
Consultado por la postulación de Velásquez, el candidato presidencial del pacto, Sebastián Sichel, contestó que “son los partidos los que arman sus listas, si no esto sería una dictadura”
Martes. Sichel posa sonriente junto al senador Iván Moreira (UDI), la mano del presidenciable sobre el hombro del parlamentario. Moreira, célebre por rogar un “raspado de la olla” a Penta para financiar ilegalmente su campaña a senador de 2013, fue desaforado por delitos tributarios, pero el fiscal regional Manuel Guerra suspendió la causa en su contra a cambio del pago de $ 35 millones.
Veintiocho días antes, el fiscal nacional había recibido en su oficina al entonces senador UDI y ahora ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien le pidió apurar la causa contra Moreira. Abbott manifestó que se debía “acotar y dar pronto término” a las investigaciones que afectaban a políticos.
“Yo no voy a vetar a alguno de los candidatos”, dijo Sichel al ser consultado por sus fotos de campaña con Moreira.
Miércoles. Termina el proceso contra el empresario agrícola Raúl Schüler, en cuyo fundo se encontraron decenas de monumentos y artículos patrimoniales robados. Entre ellos, la estatua de fierro fundido de 180 kilos “La República”, sustraída desde la Plaza Rubén Darío de Valparaíso; la escultura “La Polimnia”, sacada desde su ubicación en el cerro Santa Lucía, y una escultura de mármol robada desde un mausoleo familiar en el Cementerio General.
Por este saqueo al patrimonio nacional, la fiscalía pidió 15 años de cárcel. Pero finalmente acordó con Schüler una condena a cuatro años de libertad vigilada y una multa de $ 5 millones, por receptación de especies robadas y daño patrimonial de monumento paleontológico.
Schüler no pasará un solo día en la cárcel por sus delitos.
Jueves. En una entrevista, el fiscal Jorge Abbott admite que sostuvo una reunión secreta, en su casa, con el senador Jorge Pizarro, cuando buscaba los votos para ser elegido fiscal nacional.
La fiscalía investigaba al senador por instar a su hijo, Sebastián Pizarro Cristi, a firmar un contrato falso con SQM, “que en realidad se trataba de una donación o aporte acordado entre el gerente de SQM Patricio Contesse y el senador Pizarro”. Según la acusación de la fiscalía contra Pizarro Cristi, este “previamente concertado con el senador Pizarro, quien intervino como facilitador, emitió a SQM 11 facturas ideológicamente falsas, por prestación de servicios inexistentes, por $ 45 millones”. Ante el tribunal, Pizarro Cristi aceptó los hechos de la acusación y fue condenado a presidio remitido.
En varios casos, los depósitos fueron triangulados inmediatamente a la cuenta corriente del senador. Pero Pizarro nunca fue llevado a juicio. La Corte de Apelaciones rechazó su desafuero y el Tribunal Constitucional impidió presentar recursos contra ese fallo.
En la entrevista, Abbott aseguró que el caso no se trató en la reunión con Pizarro, y señaló que “hay que cuidar al Congreso Nacional”.
Viernes. El Servel anuncia que revisará las firmas presentadas por candidatos a convencionales, tras detectar 23.135 patrocinios del candidato presidencial de la Lista del Pueblo, Diego Ancalao, avalados ante el notario Patricio Zaldívar, quien había muerto en febrero.
El caso pasó a la fiscalía, que investigaría tres delitos: violación de la ley electoral, suplantación de identidad y falsificación de instrumento público. No será la primera vez para Ancalao, un veterano en este tipo de causas: ya suma una detención, una querella del CDE por fraude al Fisco y varias acusaciones por múltiples casos de firmas falsificadas. No ha sido condenado, y ha denunciado “montajes” en su contra.
“Es un error que cometí yo por no supervisar el trabajo territorial”, dijo Ancalao tras descubrirse el timo. “Nunca pensamos que las personas a cargo nos harían esto”.
Fue una semana más en Chile.
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