Columna de Daniel Rodríguez: CAE: el debate que viene

Según dio a conocer este diario, el Ministerio de Educación se encuentra en conversaciones con partidos políticos de la oposición para dar a conocer la agenda legislativa del gobierno en educación superior. Es de suponer que estas conversaciones se centran en la condonación del CAE y el instrumento que lo reemplazaría. Es positivo que estas instancias ocurran, porque ayudan a enmarcar los debates futuros y establecer espacios de diálogo, que, de llegar a puerto, contribuyen a mejorar la legislación.

¿Qué estarán discutiendo los parlamentarios de oposición con el gobierno en estas materias? No lo sé, pero uno podría hacer algunos supuestos.

Los parlamentarios de oposición debieran, en primer lugar, pedirle al Mineduc claridad sobre el significado de “autocontenido”. Varias autoridades, pero en particular el ministro Marcel, han usado esa expresión para explicar que el proyecto de condonación del CAE no requerirá recursos de las reformas o pactos tributarios que impulsa el Ejecutivo, ni necesitará dineros adicionales a los que ya se gastan. Esto obviamente genera dudas. ¿Cómo puede pagarse una deuda que supera los 11 mil millones de dólares sin gastar más? Dada la escasez de recursos fiscales, y si bien no se puede descartar una solución creativa, tampoco puede descartarse una con “letra chica”. Los diputados y senadores deberán estar muy atentos a la fórmula que se proponga.

En segundo lugar, uno podría suponer que los congresistas pondrán especial atención al diseño del nuevo instrumento de financiamiento, muy probablemente una forma de impuesto a los graduados o un crédito estatal. Esto porque dos gobiernos anteriores diseñaron proyectos de ley bastante completos y exhaustivos para reemplazar el CAE. Ninguno de ellos pasó el primer trámite constitucional. Y aunque puede haber varias razones –intransigencia, falta de voluntad política, entre otras– hay que aprender de estos fracasos, incluyendo los del mismo CAE. Las autoridades actuales han sido muy agudas en ver la paja en las políticas pasadas, sin asumir las vigas en las propias. ¿Es la gratuidad –un sistema deficitario de control de precios y vacantes vía instituciones modelo– el diseño a seguir?, ¿qué sistema de cobranza va a lograr que los deudores que hoy no pagan (más de la mitad) ahora sí lo hagan?, ¿qué programas públicos dejarán de financiarse para obtener la liquidez (al menos 497 mil millones de pesos solo en 2023) que hoy ponen los bancos y que se necesitarán a partir del día uno de funcionamiento?

Pero suficiente de aspectos prácticos. Se puede especular que los legisladores actuarán desde las convicciones que los inspiran. No es aventurado pensar que las consultas más profundas que se harán a la autoridad irán en la dirección de asegurar que cada peso que sale del sudor de la frente de los contribuyentes sea usado de la manera más eficiente posible, y en quienes más lo necesitan. ¿Es la condonación de deudas contraídas por personas ya beneficiadas por la oportunidad de estudiar (muchas de ellas tituladas) un tema prioritario en el cual usar recursos públicos? Si nos ceñimos a la educación, ¿no será más eficiente y rentable invertir estos recursos en educación parvularia, donde Chile es incapaz de asegurar cupos suficientes para todos los niños (y madres y padres trabajadores)? Finalmente, ¿puede asegurarse la libertad de enseñanza y la autonomía de las instituciones de educación superior si su futuro se somete a una planificación de precios, vacantes y oferta según el diseño de un planificador central?

Es de esperar que muy pronto tengamos respuestas a estas preguntas. Ojalá sean las adecuadas.

Por Daniel Rodríguez Morales, director ejecutivo de Acción Educar