Columna de Diana Aurenque: Hermosilla y la fea verdad

Cualquiera que haya puesto atención a la formalización de Luis Hermosilla observa que el caso tiene múltiples aristas y complejidades que hacen una cuestión inédita y de proporciones históricas para nuestro país. Pero ello no se debe al tono cinematográfico o hasta narco-cliché de alguno de los audios filtrados -eso de armar una fiesta con prostitutas, drogas (“roca”), etc., es todo menos una estrategia metafórica para ganar influencias-, ni tampoco porque son mencionadas personalidades y/o famosos en los audios. Todo eso es ruido y estridencia que nos desenfoca de atender lo realmente importante.

¿Y qué es lo importante? No es Hermosilla en sí; como si fuera un sujeto excepcional y con redes de poder excepcionales. Aunque tampoco es cierto que haya sido un abogado común y corriente que cometió unos pocos “errores” por su estilo de vida ostentoso. Lo importante lo dicen los hechos: por ej. que Hermosilla entregó a Chadwick -exministro-  cheques por $36 millones o transferencias por otros $190 millones. Atender a ese caso en particular y transparentar la posible imbricación entre el poder económico y figuras de la administración pública y/o estatal no busca enfocarse en ellos, sino que se hace cargo de una relación inaceptable que, como señala Gonzalo Peralta, inicia caminos corruptos desde Balmaceda en adelante.

Pero hay otra cosa importante. Sobre la “danza de millones” de Hermosilla, como se ha denominado, nos enteramos gracias a que se levantó el secreto bancario. En Chile, hacerlo ha sido siempre una atribución de los jueces; pero son estos precisamente los que también se han vuelto objeto de cuestionamientos por este caso. Así, otra de las cosas importantes a retener es que la combinación entre secreto bancario y arbitrariedad en el nombramiento de jueces no puede seguir operando: o se levanta el secreto bancario y se introduce transparencia en las cuentas de los privados -como tanto se pide transparencia en lo estatal-, o se incorpora transparencia en los mecanismos de nombramientos de jueces que garanticen su imparcialidad y mérito para los cargos.

En tiempos como los actuales, donde la ciudadanía confía cada vez menos en sus instituciones, o peor, de lo que más certeza tiene, es que la igualdad ante la ley es más nominal que real; que, pese a que las leyes son para todos iguales, la balanza de la justicia se inclina a favor de quien está mejor representado jurídicamente, quien mejor sepa sobre resquicios, paraísos fiscales, zonas grises e interpretaciones de la ley.

Esperemos que el caso Hermosilla nos permita entrar en lo verdaderamente doloroso, pero necesario de enfrentar; en eso de que el poder político en Chile desde hace mucho está silenciosamente cooptado por intereses de sectores poderosos y elites económicas. Y no nos distraigamos con los intentos de farandulizar el caso. Esto no es gracioso, no es un reality, no es un tema rosa: es corrupción pura y dura. Que no sea el afán por vender una buena historia, la que termine esta vez maquillando una muy fea verdad -nada hermosilla, sin duda, pero verdad al fin y al cabo.

Por Diana Aurenque, filósofa Universidad de Santiago de Chile