A fines de enero tuvimos muy buenas noticias desde el Congreso, tras nueve años de discusión y una extensa tramitación, se aprobó la denominada Ley CATI, la que permitirá implementar por primera vez en Chile un Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones, que apoyado en cámaras de video, una red de radares y tecnología de punta, fiscalizará la velocidad en todo el país.
Chile sufre de una alta accidentabilidad en materia vial y las cifras hablan por sí solas: en promedio, cinco personas fallecen al día producto de accidentes de tránsito y anualmente más de 60.000 personas quedan lesionadas, incluso terminando muchas de ellas con algún grado de discapacidad de por vida. Estas cifras no solo son un importante drama humano y familiar, sino que constituye un importante desafío para nuestra red de salud pública.
Este es un sistema que bien implementado sabemos que salva vidas y cuyo fin no es recaudar más infracciones, sino que lograr que los conductores disminuyamos la velocidad teniendo como máximo el rango establecido para cada vía. Al automatizar y sistematizar el control de la velocidad en las principales vías de Chile no solo de detectarán infracciones de tránsito al instante, sino que, además, estando estos controles avisados y no escondidos, permitirá que los conductores tomemos conciencia de que el exceso de velocidad es una de las principales causas de fallecimientos por accidentes de tránsito.
El hecho de que el procesamiento y generación de multas sean automatizadas tiene en sí mismo varios beneficios: nos ayuda a tomar conciencia, puesto que la advertencia del incumplimiento se producirá en menor tiempo que las condiciones actuales; las infracciones se tramitarán automáticamente en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, generando pruebas que sean irrefutables para evitar llegar a instancias judiciales, disminuyendo la sobrecarga de causas en los juzgados de policía local.
La experiencia internacional demuestra que esta red de fiscalización automática tiene efectos inmediatos en los hábitos de conducción. Un ejemplo de lo anterior es España. Si bien el parque automotriz en ese país cuadriplica al de Chile, hay tres veces menos fallecidos por accidentes de tránsito por millón de habitantes. Una de las principales razones de esta cifra fue la implementación de un ecosistema tecnológico de control en las rutas. Algo similar ocurre en Inglaterra, donde hay cinco veces más vehículos que en Chile y sólo un tercio de fallecidos.
Desde nuestro rol como Mutual de Seguridad, protegiendo a los trabajadores del país, esta ley también tendrá un enorme impacto. El 69% de los accidentes con resultado de muerte en contextos laborales, corresponden a siniestros de tránsito. Del mismo modo, el 6% de los fallecidos en las carreteras chilenas son conductores de transporte de carga pesada. Hemos avanzado mucho en más de 55 años de historia en los accidentes industriales tradicionales; sin embargo, vemos con enorme preocupación que los accidentes en las calles -sean estos de trabajo o trayecto- se siguen manteniendo e incluso, aumentando. En ese contexto, una política pública de este tipo contribuye decididamente a salvar vidas. Finalmente, desde un punto de vista económico, el costo para el Estado por temas relacionados a siniestros de tránsito se estima que es cercano al 3% del PIB. En 2020, por ejemplo, un año atípico considerando la pandemia de Covid, el gasto fue del 2,01%, es decir, más de US$ 5.480 millones.
Como lo señaló el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, “la aprobación de CATI es el hito más relevante en seguridad vial en las últimas décadas”, ya que además tiene repercusiones en otros ámbitos. Una importante dotación de Carabineros podrá ser asignada a temas de seguridad en vez de control de velocidad, el Estado podrá destinar fondos en otras materias y de seguro viviremos un cambio cultural en nuestras calles.
Por Felipe Bunster, gerente general de Mutual de Seguridad
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