Columna de Francisca Werth: Los desafíos del nuevo ministro de Seguridad Pública

Casi no existen voces que desconozcan que Chile enfrenta una de las peores crisis de seguridad pública de su historia. Coinciden la percepción de las personas que dicen sentir alto temor de ser víctimas de un delito y las cifras que muestran especialmente un aumento de delitos violentos. Por eso, el gobierno y la oposición han logrado acuerdos legislativos importantes, entre ellos, la creación de un nuevo Ministerio de Seguridad Pública.

Este nuevo ministerio comenzó a funcionar ayer, 1 de abril de 2025, y ya se hicieron importantes designaciones de nuevas autoridades. Esta nueva institucionalidad es importante no solo porque aspira a ser un ente coordinador de los esfuerzos estatales por actuar de una manera coherente y eficiente en el combate de la delincuencia, sino porque también deberá abordar temas que se suelen olvidar en este debate como, en particular, la prevención del delito.

Los desafíos para el nuevo ministro Luis Cordero son de suma consideración. En primer lugar, y aunque parezca obvio, debe instalar la nueva institucionalidad. La burocracia propia del Estado hace difícil el avance rápido de todo proceso como este y en ello se puede ir gran parte del tiempo que le queda a este gobierno.

El segundo desafío de esta implementación es asegurar que personas de alto nivel técnico y con experiencia y conocimiento sobre seguridad pública lleguen a ocupar los cargos que la ley contempla. Lo que no debería pasar es que simplemente se haga un traspaso de los funcionarios que trabajan actualmente en las instituciones que anteceden al nuevo ministerio (como la Subsecretaría de Prevención del Delito o la Subsecretaria del Interior), sino asegurar que a la nueva cartera lleguen solo los mejores y técnicamente capacitados para trabajar en materias de seguridad pública. Esta tarea nunca ha sido fácil en el Estado, porque implica la decisión cambiar perfiles de los cargos y, por ende, hacer las modificaciones que sean necesarias. Para ello se necesitará mucho liderazgo y capacidad para tomar decisiones difíciles de cambio de personas que no cumplan con esos perfiles.

Finalmente, uno de los desafíos más importantes será la coordinación a nivel intersectorial y nacional, incluso sentando a la mesa a organismos autónomos como el Ministerio Público, cuestión que será clave para establecer las bases para que el trabajo conjunto que la ley exige realmente se produzca. Esto es complejo porque se suele trabajar inmerso en las demandas cotidianas y urgentes, relegando a un segundo plano la planificación y coordinación estratégica necesaria para lograr el principal objetivo de este nuevo Ministerio de Seguridad Pública: que se quiebre la curva al alza de los delitos y se tenga control del orden público, la delincuencia y mejore la percepción de inseguridad que persiste entre las personas.

Por Francisca Werth, investigadora asociada del Centro de Estudios Justicia y Sociedad