Hace un par de semanas, entre gallos y medianoche, se firmó un acuerdo que permitió la aprobación del presupuesto de Educación que presentó el gobierno para el año 2025. El uso de la palabra acuerdo es, sin embargo, una forma optimista de expresar lo que realmente sucedió. Sin eufemismos: los senadores amenazaron al gobierno con negar los recursos suficientes para financiar a los nuevos Servicios Locales de Educación Pública (lo que comprometía la viabilidad de su implementación). Ante este escenario, el gobierno entregó como moneda de cambio el Sistema de Admisión Escolar (SAE), junto a 24 otros puntos. En resumen: los senadores decidieron armar su propio plan de gobierno. El Ejecutivo, debilitado, cedió.
El acuerdo sobre el SAE indica que, en enero 2025, deberá convocar a una mesa técnica para proponer medidas para su optimización. Este grupo tendrá hasta marzo de 2025 para producir un informe de recomendaciones para Mineduc y las comisiones de Educación del Senado y la Cámara de Diputados. Estos resultados debieran servir como insumo para eventuales modificaciones legislativas y ser discutidos con suma urgencia (a partir del mes de abril). A la vez, el acuerdo consigna que durante el año 2025 no se implementará el SAE y Mineduc deberá proponer mediante Decreto Supremo un procedimiento alternativo de admisión.
Este escenario condena a familias y comunidades escolares a vivir en la incertidumbre. Las familias no sabrán hasta mediados del año 2025 bajo cuál procedimiento deberán postular a un establecimiento, ni los criterios, ni los plazos, ni los requisitos. Mineduc deberá trabajar en dos escenarios paralelos. En el primero, se acogen y aprueban las propuestas de la mesa técnica (lo que implica que Mineduc incorpore al SAE cambios en contra del reloj). En el segundo escenario, corresponderá formular un sistema que garantice a las familias que las arbitrariedades y discriminaciones que sufrían bajo el antiguo sistema no se repitan.
No es realista ni responsable destinar tres meses (¡febrero incluido!) para que la mesa técnica encuentre una solución a las tensiones sobre admisión y selección escolar que han afectado al sistema por años. Tampoco es realista ni responsable forzar a la autoridad educativa y a los establecimientos escolares a implementar (a contrarreloj) un sistema que dé garantías de transparencia y apego a la ley. Así las cosas, lo más probable es que la improvisación y ligereza con que actuaron los parlamentarios traerá más problemas que soluciones sustantivas. Un gallito político que se gana a costa de las comunidades educativas y las familias.
Dado el escenario, solo queda esperar que la mesa técnica logre aunar la mayor cantidad de voluntades para encontrar caminos de solución. Desde ya, es de esperar que el grupo convocado no olvide tres elementos. Primero, que el SAE surge (en parte) como respuesta a las arbitrariedades en la admisión de estudiantes (¡incluso en los niveles de Educación Parvularia!) que se daban aún cuando estaban nominalmente prohibidas en la Ley General de Educación (que es marco al que nos retrotrae el “acuerdo”). Segundo, que no conocemos una mejor herramienta para permitir que la mayor cantidad de postulantes queden asignados a un establecimiento de su preferencia (y evitar costosas coordinaciones). Esto no significa que los criterios de priorización que contempla el sistema no puedan mejorarse (la tarea central de la mesa técnica). Finalmente, que nuestras posturas iniciales sobre el SAE pueden ser revisadas. Por ejemplo, asuntos como el nivel de selectividad académica que debiera permitir el sistema pueden ser analizados nuevamente a la luz de la investigación reciente.
Por Gabriel Gutiérrez, profesor asistente, Facultad de Educación UC
