Columna de Gabriel Negretto: Un mapa de ruta para la Convención
Un mecanismo para generar mayor predictibilidad es que la Convención acuerde una serie de principios básicos de diseño y de orientación general de las reformas que puedan servir de mapa de ruta para la elaboración de la nueva Constitución.
Las elecciones del 15 y el 16 de mayo despejaron gran parte de la incertidumbre que se cernía sobre la Convención que tendrá a su cargo elaborar la nueva Constitución. Sabemos ahora que no solo ninguna fuerza política tendrá la capacidad de imponer decisiones de manera unilateral, sino tampoco de bloquearlas. También podemos anticipar que el desplome de la coalición de gobierno y el desplazamiento hacia la izquierda del delegado promedio hace previsible una menor polarización sobre ciertos temas que eran potencialmente divisivos, tanto en lo procedimental como en lo sustantivo. Sin embargo, no se disipa la duda acerca de si la Convención podrá cumplir sus cometidos en el plazo asignado y surgen nuevas interrogantes.
La presencia de un gran número de independientes con posiciones claras sobre algunas pocas reformas pero sin posturas definidas en una gran cantidad de materias, puede dar lugar a muy variadas propuestas de innovación institucional que serán difíciles de decidir en ausencia de partidos y coaliciones que logren disciplinar mínimamente el debate y el voto. Esto incrementa la posibilidad de que cuestiones muy generales, como sistema de gobierno, bicameralismo, o estructura territorial del estado; o muy específicas, como aprobación del presupuesto o jurisdicción constitucional, puedan tornarse de incierta y lenta resolución. Un mecanismo para generar mayor predictibilidad es que la Convención acuerde una serie de principios básicos de diseño y de orientación general de las reformas que puedan servir de mapa de ruta para la elaboración de la nueva Constitución. No serían principios vinculantes (en el sentido que lo fueron, por ejemplo, en Sudáfrica), pero su carácter orientador serviría para varios propósitos importantes.[1]
En primer lugar, permitiría establecer inicialmente los temas centrales de reforma y los puntos mínimos de consenso transversal en el plenario que servirán de base para debates posteriores. En segundo lugar, haría posible canalizar de manera más eficiente las discusiones y trabajos al interior de las comisiones temáticas. Por ejemplo, sería deseable que la comisión que trate las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo trabaje sobre un marco general acerca de mantener o no un modelo presidencial de gobierno o una legislatura bicameral. En tercer lugar, una decisión inicial sobre principios rectores de reforma serviría también para dar mayor certeza a los ciudadanos y a actores sociales y económicos acerca de los contenidos de la nueva Constitución.
Crear un mapa de ruta es no solo deseable, sino posible, quizás aún más ahora que con una conformación en la que las fuerzas políticas tradicionales tuvieran mayor gravitación. Tanto una revisión de los compromisos asumidos por algunas listas como los sondeos preliminares publicados por este periódico, sugieren varias reformas con alto nivel de apoyo: ampliación de derechos sociales (particularmente seguridad social, educación, salud y acceso al agua), creación de mecanismos de democracia directa, mayores restricciones al poder presidencial, protección del medio ambiente, reducción de mecanismos contra-mayoritarios en el proceso legislativo, mayor poder para las regiones y el reconocimiento de Chile como Estado Plurinacional. Esta lista puede perfectamente ser ampliada y especificada con mayor precisión (aunque sin salir del nivel general) mediante una deliberación y una negociación enfocada en producir un acuerdo mínimo.
Para proceder de manera eficiente en esta materia, podría formarse desde el comienzo una Comisión de Acuerdos, con una composición primordialmente política, en la que estén representadas las listas más votadas en proporción a su apoyo electoral. Las y los líderes de estas listas podrían integrar esta comisión, que bien podría posteriormente también intervenir como parte de los mecanismos de desbloqueo en caso de falta de acuerdo en las votaciones en particular sobre los capítulos y artículos del proyecto de constitución. Un compromiso inicial, que debiera por supuesto ser votado en el plenario por dos tercios, podría realizarse mientras corre el plazo para la presentación de proyectos de reforma, pero — idealmente — antes de que las comisiones temáticas culminen sus reportes para un primer debate.
Desde el año 2013, cuando comenzó a plantearse en Chile la idea de crear una nueva Constitución, hasta el plebiscito de octubre de 2020, cuando triunfó la opción de que una Convención totalmente electa redacte la Constitución, el debate constituyente en el país se centró predominantemente en procedimientos. E incluso desde entonces, una discusión profunda sobre contenidos ha sido escasa e intermitente. Es ya tiempo de tener una señal clara que oriente a un proceso que será azaroso y probablemente más largo que lo previsto. No solo se ganará en previsibilidad y eficiencia, sino también en legitimidad ante una ciudadanía que puso en este proceso la esperanza de un nuevo pacto social.
[1] Ver también en este sentido la propuesta de Sergio Verdugo, “Algunos Criterios para el Acuerdo de la Convención”, en https://www.horizontalchile.cl/wp-content/uploads/2020/10/CRC.pdf.
