La palabra amnesia, que significa “Pérdida o debilidad notable de la memoria”, describe la situación que se vive en el Congreso por estos días. Hay que agregar además el omnipresente componente de oportunismo por parte de algunos legisladores ad portas de las elecciones municipales.
Así como están las cosas, en el mes de julio comenzará el proceso de reajuste de las tarifas eléctricas que se encuentran congeladas (previa aprobación del mismo Parlamento) desde noviembre del 2019. Los mismos parlamentarios que en su momento aprobaron congelarlas y que hoy reclaman por los próximos reajustes y el impacto del alza de las cuentas de la luz en la inflación, no tuvieron reparos en impulsar los retiros de los fondos de pensiones que generaron el tremendo exceso de liquidez que desembocó en una inflación cercana al 15% anual además de afectar muy negativamente al mercado de capitales y dejar sin recursos para su pensión a millones de personas.
Pero lo cierto es que lo que pasa no es tan difícil de entender. Desde 2019 se promulgaron tres leyes que modificaron los mecanismos de reajuste de las tarifas eléctricas para clientes regulados. La primera ley, en 2019, buscaba ayudar a los usuarios a enfrentar alzas que se veían como transitorias. Dada la depreciación del peso consecuencia del estallido se generaron importantes diferencias entre el precio estabilizado y el que debía aplicarse a los contratos de suministro de las empresas generadoras. El congelamiento de las tarifas, en un escenario en el cual las empresas seguían proveyendo el servicio, derivó en una deuda contraída con ellas. Como nos pasa a todos en el ámbito doméstico, en algún momento hay que pagar la cuenta. En 2022, el esquema de reajuste de las tarifas volvió a modificarse y se añadió un cargo para el pago gradual de la deuda. Finalmente, en abril de este año, se legisló con respecto a terminar con el congelamiento vigente desde fines de 2019. Así, las tarifas de los clientes van a tener que aumentar hasta ajustarse a lo establecido en los contratos de las empresas del sector eléctrico, e incluir un cargo adicional transitorio para poder saldar la deuda acumulada. Es cierto que la cuenta por cobrar que acumulan las empresas de generación alcanza en la actualidad a US$6 mil millones lo que equivale a dos puntos del PIB, pero llama realmente la atención la sorpresa de varios parlamentarios ante algo que fue aprobado por el mismo Parlamento hace apenas dos meses.
Ahora, de acuerdo a la ley vigente, el componente de generación eléctrica de las tarifas sufrirá reajustes importantes en los próximos tres procesos de fijación tarifaria semestrales empezando en el mes de julio. Seguramente en estos momentos habrá quien vuelva a considerar que lo que corresponde es volver a impulsar una reforma tributaria para entregar subsidios generalizados y asegurar sus cargos políticos. Ojalá desaparezca este virus de la amnesia y entendamos que legislar es una gran responsabilidad. Tarde o temprano siempre alguien paga la cuenta.
Por Gabriela Clivio, economista y académica
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