Columna de Gisela Alarcón: El camino hacia la salud universal

El Ejecutivo ingresó el proyecto de ley que pone fin a las enfermedades o condiciones preexistentes, elimina las discriminaciones por edad y sexo en los planes de salud y crea el plan común de salud de las Isapres, terminando con la tabla de factores. En este se plasma una visión de sociedad centrada en la salud y bienestar de las personas.

Las preexistencias operan como barreras de acceso e impiden la libre elección y movilidad entre las aseguradoras. El proyecto, también establece nuevas reglas para el sector privado de salud terminando con los más de 55.000 planes con precios diferentes, creando un plan de salud común y con tarifa plana, igual para todos los afiliados de una determinada Isapre. Cambios estructurales y de operación para el sector privado, terminando con las condiciones que le han permitido discriminar en el acceso a la salud.

Las personas accederán, sin discriminación alguna, al plan común determinado por la autoridad sanitaria con coberturas conocidas y primas establecidas. Las Isapres podrán competir en base a los precios y a la red de prestadores que se ofrezca, pero la tarifa del plan común será única (plana) para todos los afiliados de una determinada Isapre, de modo que al interior de cada una de ellas se logre mancomunar los fondos sin discriminación por riesgos de las personas, mejorando el acceso de personas mayores y con enfermedades crónicas.

Quienes deseen mayores coberturas podrán contratar seguros con compañías reguladas, pero las Isapres no podrán ofrecer coberturas adicionales más allá del plan común. Por lo tanto, el mercado, en materia de salud, podrá seguir operando, pero por fuera de la seguridad social y no con cargo a la cotización legal en salud.

Son importantes avances para la protección de la salud y bienestar de las personas y estos cambios estructurales en el sistema de salud privado profundizan los principios de seguridad social por sobre los principios de mercado. Se corrigen entonces anomalías estructurales y operacionales de nuestro sistema de salud. A la base de este proyecto se encuentran los principios de equidad, solidaridad y enfoque de derecho en salud. Las personas más sanas, jóvenes y con mejores ingresos económicos apoyan a los más enfermos, de mayor edad y con menores ingresos. Una sociedad sana, democrática e igualitaria, no puede entenderse sin solidaridad entre sus miembros.

Según la OMS, todo sistema de salud debe comprender todo aquello que permita garantizar el derecho fundamental a la salud, sin discriminación alguna. De ello se hace cargo este proyecto, poniendo al centro a las personas afiliadas al sistema privado. Más allá de las legítimas opiniones en torno a la iniciativa, el debate democrático se dará en el Congreso.

Reconociendo el espíritu virtuoso del proyecto, el país espera una reforma de salud profunda, incorporando al sistema público de salud y que retome el camino hacia la salud universal. La universalización proporcional -mayor apoyo al más necesitado- de la atención primaria de salud y de las redes de cuidados de salud, la profundización de un modelo integrado y centrado en las personas y familias “en y con” las comunidades, resolutividad de los problemas de salud en los territorios, con un enfoque humanizado son grandes desafíos pendientes. Sin salud y bienestar para las personas, no hay crecimiento ni desarrollo sostenible para los países. Lo aprendimos en pandemia, la salud debe estar al centro de la agenda.

Por Gisela Alarcón, decana Facultad de Medicina, U. Central