La bullada elección de la mesa de la Cámara de Diputados vino a constatar algo que se ha vuelto cada vez más evidente: la peligrosa degradación de nuestro sistema político. Por una parte, el oficialismo -y el gobierno- para alcanzar las mayorías necesarias pusieron sus fichas en un diputado de trayectoria inclasificable, cuyo partido hoy cuenta con apenas dos o tres representantes (ni siquiera eso es muy claro), y que ha pertenecido a diversas agrupaciones en los últimos años (RN, PDG y el más que dudoso Movimiento Social Patriota).
Desde la otra vereda la cosa tampoco fue muy distinta. Quien encabezó la propuesta opositora es una exmilitante de la DC, que integra las filas de un partido que no alcanza a tener un año de vida legal, que al comienzo de la actual legislatura ni siquiera tenía diputados (hoy cuenta con cuatro).
La fragmentación parlamentaria se ha acentuado de manera brutal desde 2015. Si hasta antes de la reforma impulsada por la Presidenta Bachelet había ocho partidos con representación en el Congreso, hoy se cuentan 22. A ellos hay que sumarles ni más ni menos que 41 diputados y ocho senadores independientes. Y el escenario puede seguir empeorando: en el sitio web del Servel se reporta la existencia de 25 partidos constituidos, además de otros tres en formación. Ni siquiera en las turbulentas décadas del 60 y 70 hubo tanta dispersión como ahora (en la elección de marzo del 73 se contabilizaban 12 partidos, mientras que en la de 1969 llegaban a ocho).
Ciertamente, la atomización del Congreso y la trashumancia parlamentaria no son el único problema que afecta al sistema político chileno. También estamos enfrentando graves casos de corrupción en los municipios (esta semana supimos que el CDE ha presentado 203 querellas en causas vinculadas a gobiernos locales), un severo anquilosamiento de la burocracia estatal (la sofocante permisología es el ejemplo más patente y los miles de niños fuera del sistema educacional son el caso más dramático) y un cada vez más desbordado activismo judicial y administrativo (ejemplos abundan). Cada uno de estos temas merece ser atendido con urgencia.
Pero la balcanización del Parlamento está afectando seriamente la gobernabilidad. Salvo los procesos constitucionales de 2019 y 2022, alcanzados bajo circunstancias apremiantes, llevamos más de una década sin acuerdos relevantes que hayan concitado amplias mayorías, al punto que es muy probable que fracasemos por tercera vez consecutiva en el empeño de reformar el sistema previsional. Y este no es un problema ni ideológico ni moral. Es ante todo un asunto de reglas e incentivos. Un sistema electoral proporcional, sin mecanismos eficaces para contener el discolaje y con financiamiento público a los partidos, se transformó en un cóctel explosivo.
No abordar este asunto es jugar con fuego. La incapacidad del sistema político de construir o sustentar acuerdos siquiera mínimos, como la conformación de las mesas de la Cámara y el Senado, constituyen el reflejo más elocuente de su creciente inutilidad. Ni hablar de resolver la crisis del sistema de salud, concretar un acuerdo de fondo en seguridad pública o consensuar una agenda procrecimiento. Y aquello la gente lo percibe, la desafección se acumula y la rabia aumenta.
Por lo mismo, el gobierno y el Presidente Boric no solo tienen una gran oportunidad. También tienen una gigantesca responsabilidad. En sus manos está evitar un desfonde irreversible que puede arrasar con nuestras instituciones.
Las propuestas son archiconocidas y cuentan con apoyos técnicos y políticos transversales. Ni siquiera es necesario ponerse creativos. Se trata simplemente de hacerse cargo de la encrucijada histórica en que nos encontramos.
Por Gonzalo Blumel, Horizontal.
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