En Roma los emperadores contaban con la guardia pretoriana, soldados que eran expresión del poder ejercido arbitrariamente. Como siempre que la fuerza se ejerce sin sujeción a reglas, estos soldados derivaron en una amenaza para los mismos a quienes supuestamente protegían.
El Estado de Derecho resolvió esto, pues la concepción del gobierno de la ley y del principio de la responsabilidad terminó, al menos en el ideal al que toda democracia aspira, con el concepto de la fuerza puesta al servicio personal del gobernante. Ahora se organiza profesionalmente, de manera que se use en la forma y con los fines que la ley establece. No puede confundirse el llamado poder civil sobre policías y militares, con el de los gobernantes de la antigüedad. El poder democrático está sujeto a reglas y a responsabilidad.
Nada de esto recordaron nuestras autoridades de gobierno, ni los mandos policiales que, hasta donde hemos podido conocer, entraron en una relación impropia. El Subsecretario del Interior teniendo en vista la posibilidad de ser denunciado penalmente -así lo expuso el Fiscal Armendáriz en audiencia pública- les dio instrucciones para realizar diligencias investigativas, potestad exclusiva del Ministerio Público y de los Jueces, las que fueron ejecutadas trasgrediendo la ley y horadando las bases que constituyen la naturaleza profesional de la función policial. Al punto que hoy esas actuaciones son investigadas como eventuales delitos.
El señor Director General de la Policía de Investigaciones se sintió en la necesidad de revelar a la Ministra del Interior la existencia de una investigación penal, hasta ese momento reservada. Recientemente han aparecido versiones periodísticas según las cuales habría tenido previamente una conversación telefónica con el Fiscal Nacional. Hasta ahora la información se entrega a la opinión pública con cuenta gotas, en la medida que los hechos emergen. Nadie ha sido capaz, ni en La Moneda ni en los mandos policiales, de entregar de una vez por todas un relato completo de lo que hicieron desde aquel 22 de septiembre.
Urge restablecer el principio de que las instituciones, y las personas que las encabezan e integran, actúan bajo la regla esencial del gobierno de la ley. Es decir, que ejercen sus potestades exclusivamente dentro de su competencia legal. En todo lo que se ha conocido del llamado “caso Monsalve”, ello no ha ocurrido así y por lo tanto la democracia exige, para ser tal, que se hagan efectivas las responsabilidades políticas y del mando. Sin responsabilidades reales no hay estado de derecho y sin estado de derecho no hay democracia. Es así de claro.
Hasta ahora, en otra demostración de inconsecuencia, la única responsabilidad que se ha hecho efectiva es la de una mujer y la de menor rango en la cadena de mando comprometida. Lo que suceda con la Ministra del Interior y con el Director General de la PDI será una señal fundamental, porque en Chile la policía no es, ni puede ser, una guardia pretoriana. ¿O eso depende de quién gobierna?
Por Gonzalo Cordero, abogado
