Desde el fin de semana extendido hasta el viernes pasado, hubo dieciocho homicidios en la Región Metropolitana, un récord espeluznante. Las ejecuciones, sicarios “motochorros” y balaceras, están a la orden del día. Nada sugiere que esta tendencia se revertirá en un plazo previsible. Al contrario, lo razonable es suponer que estamos lanzados en una pendiente en la que se puede esperar más y más violencia, pandillas, narcotráfico y que nuestra sociedad se siga debilitando ante el avance del crimen organizado.
¿Estamos frente a un sino fatal, irreversible? No, pero sí ante un desafío gigantesco. Nuestra referencia natural, que es la experiencia latinoamericana, no es auspiciosa. Es verdad que en otras latitudes hay casos más alentadores, como el italiano, donde se logró derrotar a la mafia; pero se trata de un país desarrollado, en un entorno inmediato de países también ricos, con alta solidez institucional. No es nuestro caso.
Ni la causa ni la solución están principalmente en las políticas públicas. El problema y su solución, son políticos. Es decir, nuestra sociedad necesita de un cambio cultural, porque fue el predominio de una visión política la principal razón de que estemos donde estamos.
Esa mirada era la que nos decía que el crimen es consecuencia de un modelo de desarrollo que impone injusticias estructurales que lo explican, tanto como lo justifican. El discurso que concebía las penas como una forma de revictimización del delincuente que es, en realidad, una víctima. Que la inmigración es un derecho fundamental. Muchos de nuestros actuales gobernantes acusaban a la policía de ser una organización criminal y lucían o celebraban la polerita con el perro “matapacos”. La ministra Vallejo, cuando era diputada, denunciaba la existencia de un centro de tortura en la estación Baquedano del Metro. Los ejemplos sobran y están en las redes sociales.
A punta de bombas molotov y violencia incontenible estuvimos al borde de reemplazar nuestra Constitución por otra de tipo chavista, con el gentil auspicio de todos los integrantes del actual gobierno. Fracasado ese intento, ahora van por seguir debilitando más aún el modelo de desarrollo, fracturando estructuralmente el sistema de pensiones, al permitir que el Estado meta su mano -garras más bien- en los ahorros previsionales. ¿Y qué tiene que ver todo esto con los dieciocho muertos?
Tiene todo que ver, porque un país en que la capacidad de imponer la ley está culturalmente debilitada y que además está estructuralmente empobrecido por una economía estancada, puesto que no hay confianza para invertir y ahorrar ni siquiera en los fondos previsionales, es anímica y materialmente incapaz de derrotar al crimen organizado.
Cuando los países van por el mal camino en que está Chile, es cuando la derecha debe tener el coraje para hacer el aporte que le da sentido a su existencia: representar una alternativa política que sea nítidamente diferente, porque ofrece los valores de una sociedad en que impera la ley, el orden y el progreso.
Por Gonzalo Cordero, abogado
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