Columna de Gonzalo Larraguibel: “Fortalecer el gobierno corporativo, también en lo público”

El Caso Convenios emerge como un ejemplo revelador de los catastróficos efectos que puede generar un gobierno corporativo deficiente. Vacíos regulatorios y un pobre compliance fueron la combinación perfecta para facilitar una serie de actos de corrupción y mala praxis que hoy tienen a 47 fundaciones siendo investigadas por la Fiscalía por el traspaso irregular, y aparentemente fraudulento, de más de $32 mil millones por parte de diversos organismos estatales, utilizando transferencias directas. Una crisis de confianza y reputación que ha golpeado a justos y a pecadores, acompañada de la pérdida de valiosos recursos destinados a causas sociales. ¡Un misil a fortalecer confianzas en nuestro país!

Si bien aún existen zonas grises, incluyendo aclarar si esto fue un mecanismo planificado y sistemático de defraudación, hoy sabemos que parte importante del problema proviene de la inmoralidad de ciertas personas ligadas a la esfera política, así como también de la debilidad del Estado. En un contexto marcado por cambios significativos en las atribuciones de los gobiernos regionales y de una mayor flexibilidad otorgada por organismos estatales, no sólo se relajó la toma de decisiones, sino que no se establecieron los mecanismos de control adecuados. Incluso, sin lógica aparente, se inhibió la acción del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, sentando las bases para el posterior caos.

Ante el escándalo, el instructivo distribuido por Hacienda el 11 de agosto pasado detallando las exigencias para transferir recursos desde el Estado a instituciones privadas, parece un buen primer avance para controlar la crisis coyuntural, pero no el problema estructural de fondo. Por lo mismo, la Comisión Asesora Ministerial en la materia y el Proyecto Ley de Presupuestos 2024, tienen el gran desafío de robustecer aún más los mecanismos de adjudicación y control de las transferencias directas, con criterios específicos que eviten nuevas dobles interpretaciones y abusos, pero que también permitan que miles de fundaciones y corporaciones que sí están haciendo un gran trabajo, no vean interrumpidos legítimos e importantes aportes a miles de personas y familias.

En paralelo, las mismas fundaciones deberán ser proactivas en buscar mecanismos para robustecer sus gobiernos corporativos y proteger su legitimidad. Esto considerando que el acceso a financiamiento probablemente será más complejo, no sólo por parte del Estado, sino que incluso por parte de personas y empresas que tras el escándalo podrían aumentar sus cuestionamientos. Las acciones que emprendan hoy podrían determinar si serán víctimas del Caso Convenios o protagonistas de la evolución del sector.

Fortalecer la autoregulación y generar incentivos de buenas prácticas entre las mismas fundaciones, podría subir el estándar de sus gobiernos corporativos, protegiendo su credibilidad y reputación, pero también dando confianza a los aportantes de que sus recursos están siendo bien utilizados. En esa línea, se podría fortalecer algunos instrumentos como la FECU Social, incluyendo a los miembros del equipo o el listado de voluntarios, y se podría establecer como una obligación, pues hoy es sólo de carácter voluntaria. Esta herramienta estandariza y transparenta las memorias y balances de las organizaciones sin fines de lucro, fortaleciendo su legitimidad, confianza y transparencia. Desarrollada por la Comunidad de Organizaciones Solidarias, ya es ampliamente utilizada por su comunidad, compuesta por cerca de 250 organizaciones que hoy benefician a más de un millón de chilenos mediante iniciativas sociales de diversa naturaleza.

También, parece relevante desde el sector y sus gremios aportar en la conversación técnica para robustecer el rol fiscalizador del Estado y establecer mecanismos para que realmente se cumpla. Esto incluye la creación del registro del beneficiario final, a fin de que sea realmente una herramienta útil y bien gestionada por todos los involucrados.

En este proceso, es indispensable definir criterios específicos que permitan fortalecer las decisiones de adjudicación y ejecución de los proyectos, rendir cuentas y medir resultados de manera transparente. Como señala el instructivo de Hacienda, las rendiciones deberán hacerse a través del Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas de la Contraloría General de la República. Sin embargo, queda por aclarar su capacidad de fiscalización, por ejemplo, cuando se carguen montos que superen excesivamente valores de mercado por ciertos productos o servicios. También debe clarificar si permitirá una medición del impacto real de los proyectos o sólo su rendición de gastos, y si mejorará su transparencia y acceso a la información o esta sólo estará disponible bajo Ley de Transparencia.

En síntesis, el Estado tiene una brecha importante que cerrar en regulación, ejecución y control, pero debe ser cuidadoso en establecer soluciones que vayan realmente enfocadas hacia el verdadero problema. Al mismo tiempo las propias fundaciones deben fortalecer sus gobiernos y prácticas de gestión para potenciar su impacto y reputación. La sociedad civil y sus fundaciones es un bien preciado que debemos cuidar y fortalecer, no vaya a ser que por sobre reaccionar, nuevamente, sean los más necesitados quienes salgan más perjudicados. ¿Tiene su fundación un gobierno corporativo que permita asegurar su desempeño, sostenibilidad y reputación? ¿Cuenta con las capacidades de gestión adecuadas para los estándares de transparencia de la sociedad actual? ¿Fortalecerá el Estado su gestión y perseguirá penalmente a los infractores para recuperar, aunque sea en parte, las confianzas?

* El autor es socio de Virtus Partners.