Durante décadas el uso de la prisión preventiva empezó a alterarse desde su función original. Se trataba de una medida cautelar que sólo iba a ser utilizada excepcionalmente debido a su gravedad. Se aplicaba para impedir que las personas imputadas pudieran entorpecer la investigación, por ejemplo, destruyendo pruebas o amenazando a testigos o que pudieran fugarse y evitar, de ese modo, la realización del juicio penal. Sólo en estos casos y, por un período limitado, la prisión preventiva podría ser considerada excepcionalmente. Sin embargo, su uso se ha transformado en la regla en el proceso penal. Se incorporaron excepciones que incluyeron distintas variantes. Se empezó a considerar la gravedad del hecho o la cantidad de pena probable que pudiera recibir el imputado. En algunos casos, sólo basta mencionar que su libertad es un peligro para la sociedad sin que haya mayores explicaciones sobre esta decisión.
Si el caso sale en los medios de comunicación lo mejor es decretar la prisión preventiva. Este es el modo en el que los jueces comienzan a escribir su propio manual de supervivencia en el cargo. Ningún juez quiere que su nombre aparezca en los diarios por haber liberado a un acusado de haber cometido un delito que luego reincide poco tiempo después de quedar en libertad. Tampoco quiere que su puesto esté en peligro y que pueda ser destituido. Es más fácil y menos riesgoso (para él) aplicar la prisión preventiva con la sola mención de lo que dice la ley y sin demasiada justificación. Nadie le va a reprochar públicamente la decisión de que un imputado “es un peligro para la sociedad”.
La novedad de este último tiempo es que los jueces agregaron un capítulo a su manual de supervivencia. En un contexto en el que la confianza hacia el Poder Judicial está muy dañada parece necesario dar muestras de una reacción institucional, que está tomando una forma política bien marcada. El mensaje que transmiten los jueces en ciertos casos es que la prisión preventiva también puede tener un uso político y pretende dar un mensaje que muestre que nadie tiene privilegios y ni está exento de ser alcanzado por la ley. No importa el cargo político que tenga, ni el apoyo popular que lo respalde. Esta realidad se aleja demasiado de uno de los principios básicos del derecho penal: todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. La imagen del Poder Judicial sólo va a recuperarse cuando podamos tener jueces que actúen con independencia y sin importar la opinión mayoritaria sobre un caso. Esos son los jueces que necesitamos en un contexto tan pantanoso como el que tenemos hoy. Apoyar y celebrar el uso político de la prisión preventiva sólo nos distrae de lo importante: necesitamos defender un Estado de Derecho en el que se respete el principio de inocencia y en el que los jueces no actúen aplicando su manual de supervivencia sino lo que manda el derecho.
Por Gustavo Beade, académico Universidad Austral de Chile
