Columna de Héctor Ríos: El FES y el fin de los créditos

En Chile, el sistema de créditos fue parte de una agenda que determinó que los principales responsables del financiamiento debían ser los estudiantes, bajo el argumento de que ellos eran los mayores beneficiarios del acceso a la educación superior. Esta agenda también estableció que las instituciones definirían libremente los aranceles según la calidad y demanda de los consumidores. El aumento de la inversión pública por ende se destinó a subsidiar aranceles sin alterar la responsabilidad final de pago de los estudiantes.

Aunque esta agenda masificó el acceso, también encareció significativamente el costo de la educación superior para las familias y el Estado. En un sistema con aranceles libres y alta demanda, las instituciones elevaron sus costos constantemente, lo cual obligó a ampliar la cobertura y tamaño de las ayudas estudiantiles. Así, Chile se convirtió en uno de los sistemas de educación superior más costosos del mundo, con alta inversión pública, pero con una de las mayores contribuciones privadas entre los países OCDE.

Esta agenda tampoco cumplió con su promesa central. Aunque estudiar educación superior sigue siendo rentable en promedio, los beneficios están desigualmente distribuidos según la carrera y la institución, por lo cual la movilidad no está garantizada para todos. Tampoco podemos olvidar que esta agenda permitió el lucro ilegal y la extracción de recursos públicos y privados para fines ajenos a la educación. Esto llevó a la quiebra de varias instituciones, perjudicando de manera irreversible la inversión de las familias y el Estado en el sector. No olvidemos que el 2012 la Universidad del Mar quebró por lucro y corrupción afectando a más de 15.000 estudiantes.

Las Ley de Educación Superior del 2018 buscó cambiar esta agenda. La gratuidad reemplazó parcialmente la inversión privada por gasto público, reconociendo la educación como un derecho social. Esto permitió que hoy más de 511.000 estudiantes accedan a la educación superior sin costo. También introdujo aranceles regulados y permitió frenar el aumento descontrolado de los aranceles para las instituciones adscritas.

El nuevo instrumento de financiamiento público para la educación superior (FES), propuesto por el gobierno, busca complementar esta agenda acercando el sistema de financiamiento a los principios de la reforma del 2018. Bajo el FES, las personas accederían gratuitamente, pero se comprometen a contribuir un porcentaje limitado de su sueldo tras el egreso. Este modelo elimina la banca del sistema, y con ello reduce los costos fiscales y familiares del sistema, al eliminar subsidios públicos a los bancos y los intereses de las deudas individuales. El tramo exento y el pago contingente al ingreso protegen a los graduados de pagar por carreras no rentables o instituciones quebradas, ajustando el financiamiento público a la realidad de los egresados y no a los intereses de los bancos.

El FES también perfecciona las condiciones de acceso al financiamiento para las IES y resuelve problemas claves en los sistemas de créditos. Evita que las instituciones aumenten indiscriminadamente sus aranceles y mejora la regulación del uso de fondos públicos. Esto ayudará a prevenir casos recientes de lucro, como los de la Universidad Mayor y de irregularidades en el pago de sueldos, como en la Universidad San Sebastián. Instituciones cuyos ingresos en su mayoría provienen de aranceles pagados por estudiantes y altamente subsidiados por el CAE.

El periodo de indicaciones al proyecto permitirá perfeccionar la propuesta. Sin embargo, su éxito dependerá de mantener características claves que consoliden los consensos de la ley del 2018. Es relevante que el FES mantenga el sistema de aranceles regulados ya que permitirá equiparar condiciones de acceso al financiamiento público para las IES. También es clave que el FES mantenga la gratuidad al punto de acceso, y con ello evite que la contribución de las familias vuelva a aumentar.

Es razonable que las IES acusen riesgo financiero dado el cambio en el sistema de financiamiento y la desaceleración de la expansión ciertamente. Sin embargo, no olvidemos que el sistema terciario chileno ya es extremadamente caro y goza de buena salud. Los datos de la SES (2024) son iluminadores. Actualmente el sector recibe 7 billones de pesos, de los el 60% proviene del pago de aranceles y ayudas estudiantiles. En este sistema, el 70% de las IES goza de buena salud financiera, y sólo el 3.1% de la matrícula está expuesta a riesgos financieros. Si desde el 2011, la agenda de reformas ha buscado reducir el costo de la educación y balancear la contribución de las familias y el estado ya que considera la educación como un derecho y un bien público, ni el copago, ni la desregulación de aranceles permitirá lograr estos objetivos consensuados por el país en la década pasada.

Por Héctor Ríos, investigador Centro de Economía y Sociedad. Universidad Central de Chile