Gran revuelo ha causado el reportaje de The Clinic sobre los traspasos por aproximadamente US$ 3.500 millones que la Corfo realizó al Ministerio de Hacienda en 2023, al punto de que la Contraloría General de la República anunció que va a realizar una investigación especial para determinar si eventualmente hubo irregularidades en este proceso. Ante una situación de esta naturaleza es importante distinguir entre lo fundamental y lo accesorio. Lo primero que es importante tener claro es que el Ministerio de Hacienda tiene plenas facultades para solicitar traspasos de recursos desde los distintos servicios públicos, de manera que no ha habido ninguna “ilegalidad” en este acto. A su vez, el consejo de la Corfo dio su aprobación a los traspasos, tal como consta en las actas que se han dado a conocer. La discusión más de fondo se refiere a si la decisión adoptada fue o no la correcta.
Las autoridades económicas han defendido la operación, argumentando que estos recursos corresponden a los ingresos extraordinarios que la Corfo recibió como consecuencia del elevado precio del litio que se registró en años anteriores. El punto que hay que hacer aquí es que el primer traspaso por US$ 2.500 millones calza perfecto con ese argumento, pero en la segunda solicitud por US$ 1.500 millones, si bien también tenían su origen en mayores ingresos por litio, esos fondos ya se habían “capitalizado” en la Corfo, y por tanto ya se habían integrado a su patrimonio. Desde esta perspectiva, ese segundo retiro sí significó una disminución patrimonial, y de hecho así lo hizo ver el actual timonel de la Corfo en el acta respectiva, puntualizando que para los fines propios de la Corporación -apoyo al emprendimiento y la innovación, otorgamiento de garantías crediticias, capital de riesgo- no es aconsejable debilitar su patrimonio. Es cierto que al final del día el aparato estatal es uno solo, y que la Corfo no puede realizar gastos que no estén aprobados en la Ley de Presupuestos de cada año, pero siendo la Corporación un servicio público descentralizado con patrimonio y personalidad jurídica propia, debería ser labor de su consejo velar por ello.
Pero la cuestión de fondo que subyace a todo lo anterior se refiere a si es o no correcto utilizar ingresos transitorios -radicados en el Tesoro Público, en Corfo o en cualquier otro servicio- para financiar gastos permanentes, que es lo que en definitiva ocurrió ante la estrechez de caja fiscal y la dificultad de acceder a nueva deuda, al punto que se solicitó a Corfo acelerar los traspasos que ya habían sido pactados de ser pagados en un determinado número de cuotas. Y la respuesta es que esta no es la forma correcta de proceder, lo que da cuenta de que detrás de la solicitud del segundo traspaso lo que hubo fue una deficiencia en la planificación presupuestaria por parte de la Dipres. Para evitar que situaciones de este tipo se repitan en el futuro va a ser necesario reforzar la regla fiscal en lo referido al uso de los recursos provenientes del litio, la que a pesar de los cambios introducidos a solicitud del Consejo Fiscal Autónomo, sigue siendo laxa.
Por Hernán Cheyre, Centro de Investigación Empresa y Sociedad, U. del Desarrollo
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