Columna de Hernán Larraín: El Congreso Nacional al quirófano
En mi vida he recibido muchos regalos que me han dado grandes satisfacciones, como haber sido senador durante 24 años. El servicio público encuentra en la política y el Parlamento una de sus mayores consagraciones.
Hoy, luego de una notable experiencia en tareas de gobierno y de vuelta a la academia, miro con admiración ese trabajo, pero también con preocupación. Lo primero, pues sé del sacrificio y esfuerzo que exige esta actividad, no reconocidos. Sin embargo, la crisis institucional que vive nuestro país golpea firme al Congreso Nacional, y me pregunto por qué.
La primera respuesta coincide con la percepción generalizada de fragmentación partidista, polarización e imposibilidad de gobernar. Se sabe que es así y también se sabe lo que hay que hacer: reformar a fondo el régimen político de modo de recuperar la gobernabilidad y asegurar el funcionamiento eficaz del Parlamento. Pero no pasa nada: la raíz del problema lo impide, el efecto confirma y reitera la causa.
Pero existe otra dimensión oculta del dilema, de la cual se habla poco y, por ello, no hay diagnósticos ni soluciones compartidas. Me refiero a la dificultad crónica del Congreso (o Poder Legislativo, el Ejecutivo es colegislador) para aprobar leyes relevantes, como las que reformulan cuerpos jurídicos de envergadura (un Código) o propician cambios sustanciales en temas neurálgicos.
Otras iniciativas de ley no prosperan por severos motivos políticos y algunas por razones misteriosas, como la del sistema notarial. No me refiero a ellas.
Estoy pensando en la Reforma Procesal Civil presentada hace algún tiempo, que recoge años de trabajo y acuerdos de la comunidad jurídica para hacer realidad el acceso a la justicia; o el proyecto de nuevo Código Penal, cuyo texto congrega la opinión mayoritaria del foro penal, que no avanzan ni avanzarán. Otros casos relevantes: el que establece un nuevo sistema de nombramientos judiciales o el que moderniza el régimen de adopción. Ni hablar de las reformas al sistema de salud, previsión o tributaria, que reflejan no solo la crisis del régimen político, sino también un empantanamiento producto de la imposibilidad de legislar.
La forma de legislar es la cuestión, no va con la época, que exige respuestas rápidas y oportunas, no retórica. El estudio y aprobación de este tipo de leyes requiere de tiempo, pero tiempo finito. La gente quiere soluciones y si el sistema no las entrega, se cambia.
Aparte de reformular el proceso, es hora de diseñar nuevos mecanismos legislativos. Por ejemplo, vía creación de consejos técnicos (o comisiones), con miembros designados por el Parlamento, en quien se delega la elaboración de una iniciativa legal mayor (Código Penal o Reforma Procesal Civil) aprobada en general, y la propuesta de un proyecto consensuado. La decisión final sería siempre del Congreso, que resolvería en un procedimiento abreviado
Si hoy Andrés Bello presentara su Código Civil a tramitación en nuestro Congreso Nacional, pasarían décadas antes de ser aprobado. Había otro sistema entonces. Necesitamos cirugía mayor en el actual para superar el embrollo.
Por Hernán Larraín, abogado y profesor universitario
