La percepción ciudadana de la Justicia en Chile es malita. Solo un 16% tiene confianza en ella y un 52% cree que existen muchas personas involucradas en corrupción en su interior (estudios CEP n° 89 y 90, 2023). Con un limitado acceso a la Justicia debido a procesos eternos, costosos y de resultados impredecibles; con información periódica de prensa de interferencias indebidas en el nombramiento de los jueces, empañando su independencia e imparcialidad; con fallos judiciales que excederían el ámbito de su competencia, por establecer normas generales o políticas públicas (caso Isapres, p. ej.) que invaden potestades de otros poderes, tal juicio encuentra asidero.
Por cierto, nuestros tribunales de justicia desarrollan una labor de mucho valor. El problema, sin embargo, radica en la convicción ciudadana de que la Justicia no es efectiva, pues no resuelve debida y oportunamente las controversias. Y los juicios de la gente se cimentan en lo que se percibe, no necesariamente en la realidad.
Tal fenómeno forma parte de la crisis de las instituciones que experimentan nuestras principales entidades públicas. ¿Su causa? La inefectividad, palabra que explica la desconfianza ciudadana por los pobres resultados de la acción pública.
Nuestro país se ha vuelto ingobernable. Los presidentes de la República no pueden cumplir sus programas de gobierno. La polarización política, la fragmentación partidista, el feudalismo parlamentario y la lenidad del Congreso, bloquean el funcionamiento del Estado y paralizan el crecimiento económico. Cualquiera lo advierte, pero ni así se produce la reforma del sistema político que todos dicen concordar. Dejan la sensación que a los líderes políticos solo los mueve la última chimuchina o las próximas elecciones.
Igual ocurre con la situación de la Justicia. En estos meses han reaparecido denuncias por acciones impropias en la nominación de jueces y notarios. Pero no hace mucho, en 2019, hubo un episodio similar en la Corte de Apelaciones de Rancagua que derivó en procesos judiciales y la Cámara instaló una comisión investigadora. Ésta concluyó por unanimidad que había graves problemas en el nombramiento de los jueces, acreditó “un fuerte lobby judicial” e instó al gobierno a proponer una reforma del sistema. Esta se presentó en abril de 2021, pero ella no se ha tramitado. Incluso en el último proceso constitucional hubo acuerdo transversal para modernizar la Justicia y establecer un nuevo mecanismo de designaciones, también sin seguimiento.
Tal vez la reacción de la Corte Suprema, al convocar a una mesa para abordar el tema de los nombramientos, gatille una reforma, sin perjuicio que no es propio de los tribunales conducir estos procesos.
Las crisis son oportunidades para cambiar la historia y generar un punto de inflexión en su devenir. Pero sin voluntad política ni acuerdos para rectificar radicalmente el rumbo, un oscuro porvenir asoma con nitidez.
La crisis de la Justicia no es baladí, pues cuando ella cae, el Estado de Derecho democrático pierde su última trinchera.
Por Hernán Larraín, abogado y profesor universitario
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