Las tomas en Chile son un problema complejo de resolver. Estos no solo han pasado de mil a casi 1.500 en todo el país, sino que además involucran una diversidad de factores que inciden en la forma de enfrentarlas, como su tamaño, exposición al riesgo y relaciones con los propietarios, dejando claro que no existen “balas de plata”.
¿Dónde está el desafío? Primero, se envía una señal incorrecta al resto de la ciudadanía que espera por años una solución habitacional. Segundo, las tomas de terreno vulneran el derecho de propiedad y dan lugar a viviendas que no cumplen con estándares mínimos. Por tanto, el Estado tiene el deber de impedir su formación; sin embargo, la labor preventiva no soluciona los campamentos ya existentes, siendo estos el mayor reto.
Un elemento clave es la disposición de los dueños a negociar. En el marco de un Estado de Derecho, estos pueden preferir conservar su predio sin tener que aceptar una oferta, algo que se ilustra en los desalojos recientes de Lajarillas y San Antonio. En el primero, los propietarios se rehusaron a negociar y se ejecutó el desalojo; en el segundo, se abrió un espacio de diálogo, siempre y cuando el Estado y la municipalidad actuaran como mediadores. Ambas formas de enfrentar el problema implican automáticamente enfoques distintos.
En los casos donde sí se puede negociar, la compra del suelo y la gestión de subsidios son dos elementos relevantes. La dificultad de ecualizar subsidios con el valor a pagar por un terreno y construir es un desafío que afecta a su viabilidad en zonas metropolitanas –que es donde estos se concentran–. Además, en ciudades grandes, los campamentos suelen ser de mayor magnitud y la coordinación entre decenas de comités se vuelve un reto que también retrasa las soluciones.
En San Antonio, el gobierno propuso crear cooperativas para comprar el terreno y gestionar el proyecto como medida dilatoria del desalojo y de negociación; sin embargo, estas no garantizan acceso a crédito. Si incluso las inmobiliarias enfrentan barreras para financiar terrenos, ¿qué chances tiene una cooperativa de familias excluidas del sistema bancario? Además, esto tampoco resuelve temas como el sistema de votación interna o qué ocurre si alguien deja de pagar. Por lo tanto, el problema económico sigue persistiendo pues dar soluciones requiere indudablemente construir más en zonas donde hay escasez.
Donde no hay disposición a negociar, la gestión del desalojo es un problema aún no resuelto. En Lajarillas, el desalojo se ejecutó y el apoyo estatal no se hizo presente, según destacaron los afectados –esto sucedió incluso cuando la sentencia tenía más de un año y medio de antigüedad–. Probablemente, el reconocimiento de la falta de estrategias en la materia llevó a que el gobierno fuera más proactivo en San Antonio, pues su ejecución hubiera implicado expulsar a la calle a más de cuatro mil familias, conllevando probablemente a incivilidades y problemas sanitarios en la comuna.
Finalmente, la incertidumbre de los desalojos parece haber generado una apuesta por soluciones más permanentes que transitorias, incluso en zonas de riesgo donde está prohibido construir. Diversos campamentos han sido transformados en pseudobarrios en días a través de la venta de lotes vendidos irregularmente, dando cuenta de la operación de un mercado negro que parece haberse expandido en los últimos años. Asimismo, también se observan campamentos con décadas de vida que se han ido consolidando a lo largo de los años. En ambos casos, la falta de vivienda sigue siendo un problema, pero se agrega una componente que incrementa la informalidad y actuar al margen de la ley.
En síntesis, los campamentos exhiben el rostro más crudo de la pobreza y la informalidad, un problema que invita indudable a la empatía hacia las familias, pero que también llama al respeto al Estado de Derecho y la propiedad privada. Con las elecciones presidenciales en el horizonte, el déficit habitacional y el alza de tomas serán temas de debate. Es hora de afrontarlos con la amplitud debida y sin balas de plata, reconociendo la urgencia de políticas a largo plazo e incentivos claros para la construcción, además de la necesidad de un Estado fuerte que no improvise, pues la informalidad sigue erosionando a nuestras ciudades e instituciones.
Por Ignacio Aravena, Investigador Fundación Piensa y fellow economía urbana LSE
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