Columna de Isabel Cornejo y Laura Castrogiovanni: Delitos en el metaverso: un nuevo desafío legal

Inteligencia artificial, realidad virtual, metaverso
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En la era digital, el metaverso se presenta como un innovador espacio virtual donde se fusionan la realidad física, la realidad virtual y la realidad aumentada. Sin embargo, esta prometedora tecnología también trae consigo desafíos y peligros inéditos, especialmente en el ámbito de los delitos sexuales. La capacidad del metaverso para crear experiencias inmersivas y socialmente interactivas ha llevado a la manifestación de conductas abusivas, que requieren una respuesta legal y ética adecuada.

El metaverso se define como una experiencia virtual que utiliza tecnología avanzada para combinar elementos del mundo físico y digital. Este espacio virtual permite a los usuarios interactuar a través de avatares, realizar transacciones económicas, socializar, aprender y trabajar, entre otras actividades. No obstante, este entorno también ha sido escenario de comportamientos sexuales no consentidos, afectando a los avatares y, por extensión, a sus usuarios reales.

Entre los tipos de delitos sexuales detectados en el Metaverso se encuentran:

El acoso sexual: comentarios, gestos o acciones sexuales no deseadas dirigidas hacia otro avatar, creando un ambiente hostil y ofensivo.

La agresión sexual virtual: Simulación de actos sexuales no consentidos entre avatares, lo cual puede generar un impacto emocional significativo en la víctima real.

La distribución de contenido sexual no consentido: Compartir imágenes o videos sexuales sin el consentimiento de las partes involucradas, violando su dignidad y privacidad.

Lo anterior plantea retos legales y éticos. Es clave primero la jurisdicción, es decir determinar qué leyes aplican a actos cometidos en un espacio virtual global es un desafío complejo. La naturaleza transnacional del metaverso complica la aplicación de las leyes tradicionales. Segundo, obtener pruebas y evidencia. La recopilación y autenticidad de pruebas digitales son fundamentales para procesar delitos en el metaverso, pero la dificultad para obtener evidencias fiables puede obstaculizar la justicia.

Junto con lo anterior es clave la privacidad. Encontrar un equilibrio entre la vigilancia para prevenir delitos y la protección de la privacidad de los usuarios es crucial. Demasiada vigilancia puede llevar a la invasión de la privacidad, afectado otros derechos fundamentales como la libertad de expresión, mientras que una vigilancia insuficiente puede permitir la impunidad de los infractores.

Para hacer frente a estos riesgos es fundamental también la prevención y la educación. Primero, revisar las políticas de las plataformas: las empresas que desarrollan y gestionan el metaverso deben implementar normas claras y mecanismos de reporte efectivos para manejar conductas inapropiadas. Se debe, a su vez, promover la educación y concienciación. Los programas educativos son esenciales para informar a los usuarios sobre sus derechos y cómo protegerse de posibles abusos en el metaverso. Y, por último, contar con tecnología de protección. El desarrollo de herramientas tecnológicas que detecten y prevengan conductas inapropiadas es vital para crear un entorno seguro en el metaverso.

En enero de este año, la policía británica investigó un presunto caso de agresión sexual en grupo en un contexto de realidad virtual, implicando el avatar de una adolescente de 16 años. Este incidente no marcó el primer caso conocido de agresión sexual en el metaverso, pero es el primero en que está implicado una menor de edad, haciendo patente la necesidad de una respuesta legal y social adecuada. De hecho, todas las víctimas de violencia en el metaverso han sufrido efectos emocionales similares a los de la violencia real, incluidos sentimientos de frustración, humillación e impotencia, los cuales se magnifican y prolongan aún más en la psique de un niño en comparación con la de un adulto, lo que subraya la importancia de una intervención temprana.

La implementación de medidas de seguridad por parte de las plataformas, como la función de “espacio personal” desarrollada por Meta, es un paso importante pero insuficiente. Esta funcionalidad crea una barrera invisible alrededor de los avatares para evitar acercamientos no deseados, pero ha sido criticada por no proporcionar una protección completa. La mejor opción podría ser la adopción de una legislación específica y la creación de unidades de seguridad que estén específicamente entrenados y equipados para manejar delitos en el metaverso. Estos cuerpos de seguridad especializados tendrían la capacidad de investigar incidentes, recopilar pruebas digitales, y coordinar con plataformas de metaverso y otras entidades para prevenir y responder efectivamente a los delitos sexuales. Quizá esta unidad podría pertenecer a una subdivisión de la Agencia de Protección de Datos o bien a la aún no creada de Inteligencia Artificial cuando el metaverso la utilice.La falta de una normativa específica para el metaverso crea un vacío legal que permite que los delitos sexuales queden impunes. Aunque algunas leyes se extienden para cubrir delitos digitales, su aplicación en el metaverso es difícil debido a sus particularidades. Es esencial desarrollar una legislación específica que aborde la naturaleza de los delitos en el metaverso, incluyendo la definición y penalización de actos como el grooming, la intimidación y el acoso en entornos virtuales.

El metaverso representa una oportunidad única para la innovación y el entretenimiento, pero también plantea desafíos significativos en términos de seguridad y regulación. La creciente incidencia de delitos sexuales en este entorno virtual subraya la necesidad urgente de desarrollar un marco legal y ético robusto que proteja a los usuarios y garantice un uso seguro y responsable de esta tecnología emergente. La educación, la prevención y la legislación son pilares fundamentales para abordar estos desafíos y transformar el metaverso en un espacio seguro y positivo para todos.

Por María Isabel Cornejo Plaza, investigadora de la Universidad Autónoma de Chile y Laura Castrogiovanni, investigadora de la Universidad de Perugia, Italia.