Columna de Javier Sajuria: Desinformación y resquemores: respuesta a Juan Ignacio Brito
El campo de estudio de la desinformación está lejos de llegar a ese punto de consenso. Es más, uno de los problemas más complejos es que gran parte de esa investigación proviene de países desarrollados del mundo occidental, y no se ha generado tanto conocimiento sobre realidades como la chilena.
Una de las cosas que no suelen pasar en el mundo académico es que un tema se estudie al punto de que no haga necesario más investigación. Al contrario de lo que plantea Juan Ignacio Brito en su columna, el campo de estudio de la desinformación está lejos de llegar a ese punto de consenso. Es más, uno de los problemas más complejos es que gran parte de esa investigación proviene de países desarrollados del mundo occidental, y no se ha generado tanto conocimiento sobre realidades como la chilena. En términos de recomendaciones de política pública, la producción está aún más en pañales en nuestro país.
El fenómeno de la desinformación no es nuevo, pero sí han cambiado sus repercusiones y procesos. Brito se equivoca al poner el punto en la cantidad relativa de desinformación (“mucho ruido, pero poca desinformación”), cuando el verdadero desafío es conocer qué tipo de desinformación es la que abunda, cuáles son sus orígenes y, más importante aún, sus efectos.
Si bien ha sido difícil encontrar un vínculo causal directo entre desinformación y comportamiento electoral, eso no quiere decir que sea inexistente o irrelevante. Además, no podemos olvidar que la desinformación no es sólo un fenómeno de política electoral, sino que atraviesa los pocos consensos científicos, como los de la importancia de las vacunas o la existencia del cambio climático.
Es comprensible que haya recelo desde el mundo del periodismo, cualquier iniciativa estatal relacionada a la transmisión de desinformación y al rol de los medios en la misma puede ser objeto de abuso. El periodismo, en su rol de incomodar al poder, tiene suficientes razones para sentir desconfianza cuando, desde ese mismo poder, tratan de analizar cómo llevan adelante sus propias prácticas. Pero no hemos observado el mismo recelo periodístico en otras áreas como el pacto fiscal, delincuencia, pensiones, entre otras. El recelo, en esos casos, ha provenido de las entidades privadas que pueden verse afectadas por las recomendaciones de las comisiones. Ojalá que tantos resquemores desde sectores de la prensa no confundan la necesaria defensa de los valores democráticos con la defensa corporativa.
Lo más relevante de esta comisión es que, a diferencia de otras, parece tener la atención del mundo político y el periodístico. Esto servirá a que su labor se desarrolle de forma transparente y que sus conclusiones busquen ser útiles y razonables.
