Columna de Javier Sajuria: ¿El cierre de un proceso?

Una de las preguntas más relevantes ad portas del plebiscito es qué ocurrirá al día siguiente, dependiendo del resultado. Uno de los argumentos más utilizados por los partidarios de la nueva propuesta es que, de ser aprobada, daría por terminado el ciclo constituyente en el que entramos el 2019. Esta es una afirmación arriesgada, a la luz de las necesidades del proceso y de la opinión pública.

Desde el inicio de las pulsiones por cambiar la constitución, coincidentes con el movimiento Marca AC en 2013, las encuestas han mostrado consistentemente que cerca de un 70% de la población quiere una nueva constitución. Ese porcentaje no ha decaído significativamente desde el 2019, a pesar del fracaso del proceso anterior y de la actitud extrema que han tomado los representantes electos tanto en la Convención de 2021 como en el Consejo de 2023. La necesidad, al menos percibida, de contar con un nuevo texto no ha desaparecido, pero tampoco se ha convertido en una necesidad a cualquier costo.

Es por eso que es tan relevante conocer si esas percepciones cambian dependiendo del resultado del próximo 17 de diciembre. La reciente encuesta anual de Espacio Público indagó en ese escenario, preguntándole a la ciudadanía si es que el proceso debiera continuar de ganar la opción En Contra. A diferencia de lo observado desde 2013, por primera vez vemos un empate entre quienes quieren que el proceso termine y quienes quieren que haya un tercer proceso. Aunque esa diferencia está marcada por las diversas posiciones políticas de quienes responden, muestran que lo prometido por los sectores del oficialismo, de no volver a intentar un nuevo proceso, tiene creciente apoyo en la opinión pública.

Al contrario, la discusión constitucional se hace aún más extensa de ganar la opción A Favor. Tal como establecen sus innumerables disposiciones transitorias, la puesta en marcha de la nueva constitución requerirá meses, sino años, de discusión legislativa y de reformas en todo ámbito. Incluso, tal como ya han observado algunos, el texto a plebiscitarse cuenta con una serie de errores de redacción que deberán ser la primera reforma a la que debería someterse la nueva constitución. A minutos de ser aprobada, el debate constitucional continuará de forma incesante.

El debate no sólo continuará en el Congreso, sino que en los tribunales. La puerta que abre la objeción de conciencia institucional, así como las disposiciones que limitan la potestad reglamentaria del Ejecutivo, arriesgan convertir a la constitución en el nuevo negocio de estudios de abogados. Expertos como Francisco Cox han advertido estos desenlaces, poniendo énfasis en que, de aprobarse el nuevo texto, ya no serán nuestros representantes electos los que definan los alcances de la nueva constitución, sino que los tribunales ante los innumerables juicios que deberán resolver.

El cierre de un proceso no se hace por secretaría ni por buena voluntad. Es cierto que muchas de las demandas que se iniciaron en 2019 continuarán en el futuro, pero al parecer, ya no existe el mismo apetito si es que se rechaza la propuesta actual. Si se aprueba, en cambio, la discusión puede continuar sin importar lo que opine la ciudadanía.