La facultad del indulto del poder Ejecutivo, llamada en otros países “perdón” o “clemencia”, tiene una larga historia. Desde el código de Hammurabi hasta la codificación en el derecho común inglés en el siglo VII, encontramos muchas referencias a esta institución. En el mundo, una parte importante de los países, independiente de su sistema de gobierno, cuenta con la facultad del Ejecutivo de perdonar a personas condenadas de delitos, ya sea para conmutar su pena o simplemente eliminarla. Si bien hay distintas discusiones sobre la legalidad de esta institución o sobre el efecto que tiene sobre la separación de poderes, hay suficiente consenso de que su uso y justificación son eminentemente políticas. En ese sentido, su uso debiese ser evaluado no sobre la base del supuesto atropello a la autonomía de los tribunales, ya que siempre se trata de una decisión que pasa por encima de una condena judicial. En cambio, su evaluación debería hacerse en base a la conveniencia y justificación política.
El presidente Boric ha usado, por segunda vez, esta prerrogativa para indultar a un grupo de personas condenadas por delitos cometidos en el contexto del estallido social de 2019, así como a un ex miembro del FPMR. En el segundo caso, hay una disputa de larga data entre el Estado – representado por los tribunales – y la opinión experta de una serie de juristas que defienden la inocencia del condenado. Pero lo que parece haber causado más revuelo en la oposición se refiere al indulto del primer grupo de personas. En estos casos, estamos hablando de delitos graves, incluido el homicidio frustrado, que fueron cometidos durante las protestas de 2019 y 2020. La reacción de la oposición ha sido, a ratos, destemplada. Incluso los sectores más moderados han amenazado de retirarse de los acuerdos sobre seguridad pública, bajo el pretexto de que el Ejecutivo estaría demostrando su poco interés al indultar a estas personas.
¿Es legítimo que haya indignación política por los indultos? Por cierto que sí, es una reacción legítima y justificada, sobre todo considerando los niveles de violencia vividos durante los últimos años y los daños cometidos por sus autores. ¿Es eso una justificación para tomar una decisión tan compleja como retirarse de los acuerdos de seguridad pública? No, en mi opinión eso es una impostura. Los delitos cometidos por las personas indultadas se dieron dentro de un contexto, y es eso mismo lo que los hace políticamente relevantes. Lo ocurrido durante las protestas de 2019 y 2020 no son los principales desafíos que enfrenta el país en seguridad pública ahora.
De acuerdo a las estadísticas de Delitos de Mayor Connotación Social, los grandes aumentos ocurren en robos de vehículos (como las encerronas o portonazos) y los homicidios. Asimismo, hemos visto el incremento de la actividad de bandas narcos, con la consecuente inseguridad y violencia que traen. Es decir, los desafíos en seguridad que enfrenta el país no tienen que ver con los disturbios de 2019 y 2020, pero aun así la oposición ocupa una decisión políticamente cuestionable para darse un gusto político que no busca ninguna solución al problema de fondo. Es decir, ocupan una crítica política para justificar su poco compromiso con la agenda de política pública. Creen que son hábiles al ocupar los indultos para golpear al gobierno, pero no asumen que el principal costo lo recibirán sus propios votantes. En el fondo, una impostura de corto plazo, tan tradicional en nuestra alicaída actividad política actual. Nada sorprendente, por cierto. Pero igualmente decepcionante.
Por Javier Sajuria, profesor Ciencia Política Queen Mary University
