Las universidades pueden ser lugares molestos para ciertos sectores políticos. Desde la persecución que sufrió la Universidad Central Europea a manos del gobierno de Orban en Hungría, hasta la reciente disputa que AMLO sostiene con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), distintos sectores han tenido encono con la labor académica. Sin ir más lejos, la dictadura dejó un triste legado en gran parte de las casas de estudios chilenas existentes antes de 1980, donde aún se recuerdan las personas desaparecidas y la seguidilla de autoridades designadas por el régimen.
Esta historia explica por qué, desde la academia, se suele mirar con recelo a quienes, enfundados en buenas intenciones, levantan sospechas sobre la labor de sus miembros. El caso de los requerimientos de información sobre Elisa Loncon es solo el último de una seguidilla, pero sin duda uno especial. Es inviable separar el rol que Loncon tuvo en la Convención Constitucional de su misma historia e, incluso, su área de investigación. Su imagen como una académica mapuche, cuyo trabajo académico busca preservar y generar más conocimiento sobre la lengua y cultura de su pueblo, fueron levantados como un símbolo de un nuevo país que se iniciaba con el proceso constituyente anterior. Pero no deja de ser sorprendente que otros académicos que fueron parte de la Convención -sin ir más lejos su vicepresidente- no enfrenten el mismo nivel de escrutinio público.
Las mujeres en la academia sufren constantemente de un trato desigual por parte de sus pares, estudiantes, e incluso sus instituciones. Las protestas de 2017 solo abrieron la ventana a un problema estructural, que incluso tuvo que ser objeto de una ley el año 2021. Si a eso le sumamos la constante discriminación que sufre Elisa Loncon por ser mapuche (que se refleja en las críticas por cómo habla, cómo se viste o, simplemente, por existir), tenemos una situación en la que es válido preguntarse de los sesgos, conscientes o inconscientes, de quienes buscan hacer ese escrutinio.
La Universidad de Santiago es una universidad estatal y, con ello, sujeta a una serie de regulaciones especiales en términos de acceso a la información. Es por ello que el Consejo para la Transparencia haya exigido que se entregue información sobre el quehacer académico de Loncon. Por eso mismo parece poco hábil que la universidad esté ejerciendo tanta presión para evitar su entrega. Pero la legalidad de la solicitud no tiene nada que ver con su conveniencia y los posibles sesgos que hay detrás de ella. Gran parte de la información solicitada se puede obtener de manera pública y son parte de la labor normal de la academia.
Es hora de mirar la situación de Elisa Loncon y la Usach como algo más grande que sus actores. Si lo analizamos desde una perspectiva meramente legal, es probable que la negativa a la entrega de información se enfrente a un fallo desfavorable. Pero si lo miramos desde la historia del trato a mujeres y pueblos originarios en la academia, entendemos que el trasfondo es aún más complejo. Detrás de una simple solicitud de información se pueden acomodar una serie de prejuicios, incluso cuando no son consentidos.
Por Javier Sajuria, profesor de Ciencia Política, Queen Mary University
