Columna de Javier Sajuria: Mitos sobre el financiamiento público a los partidos

Hay varios mitos que han circulado sobre las potenciales reformas al sistema político. Uno de ellos es que la fragmentación partidaria es el mayor (y a veces, el único) problema que vale la pena resolver, pasando por alto la alta personalización de nuestra política y la baja coherencia y disciplina interna de los partidos. Prueba de ello son sistemas con tanta o mayor fragmentación, pero que son mucho más eficientes en gobernar que en Chile (por ej. Dinamarca, Irlanda, Alemania o Costa Rica). El último mito que empezó a dar vueltas es que el financiamiento público de los partidos es culpable de esta fragmentación. Esta apreciación no sólo peca de falta de respaldo en la evidencia, sino que además pretende devolvernos peligrosamente a una era en que los partidos eran completamente capturados por empresas.

Luego de la comisión Engel en 2015, que fue creada como una reacción a los escándalos de financiamiento de la política por parte de empresas como Penta y SQM, Chile acordó un financiamiento público acorde a las recomendaciones internacionales. Así, no sólo se adoptó un financiamiento basado en el nivel de representatividad de cada partido, sino que se hizo en montos acotados para evitar la pérdida de vínculo entre los partidos y sus electores. Los partidos no son capaces de sobrevivir sólo en base a aportes públicos, particularmente si su porcentaje de votación es bajo, pero tienen menos posibilidades de ser capturados por grandes donantes.

Por eso mismo, resulta curioso el salto lógico entre evidenciar una coincidencia (o correlación) entre las reformas al sistema de financiamiento y el aumento del número de partidos. No hay evidencia disponible que permita establecer que el financiamiento público cause la fragmentación, ni en Chile ni en otros países. En cambio, hay suficiente evidencia sobre el rol de los sistemas electorales y de gobierno en la fragmentación, además de cómo la fragmentación no siempre es el principal problema a resolver.

Sobre lo que también hay evidencia (y harta) es sobre lo peligrosa que es la captura de la política por parte de grupos privados a través del financiamiento. En Chile eso se hizo evidente durante los escándalos de Penta y SQM, o en casos como la tramitación de la Ley de Pesca. En otros países, vemos como gremios empresariales han ocupado los esquemas de financiamiento para obtener resultados legislativos positivos. O peor aún, para bloquear la llegada de ciertos liderazgos al poder, poniéndose en clara oposición a la ciudadanía.

El financiamiento público de los partidos no es una bala de plata que resuelve todos los problemas, pero sí ha sido uno de los avances positivos de nuestra regulación de la política. Hoy, podemos encontrar casos donde los partidos han mejorado su democracia interna gracias a la irrelevancia de algunos mecenas, además de favorecer el ingreso de mujeres a cargos de poder interno y de elección popular.

Detrás de estas ideas, como también de aquellas que proponen retornar a sistemas electorales mayoritarios, existe una nostalgia a un pasado donde la supuesta estabilidad política existía a expensas de menores niveles de democracia, mayor corrupción y falta de representación. Eso va claramente en la dirección contraria a una política que genere confianza y capacidad de gobernar.

Por Javier Sajuria, profesor de Ciencia Política, Queen Mary University.