Columna de Javier Vega: “Mercado laboral: Estándares OCDE, resultados mediocres”

Es indudable que las relativas mejores condiciones externas y la menor incertidumbre local ha tenido efectos positivos en la actividad local. El PIB anotó en el primer trimestre una caída menor (-0,6%) a la esperada por el mercado, lo que entrega un mejor piso a la actividad del resto del año.

Sin embargo, las condiciones en el mercado laboral están lejos de poder considerarse resueltas. El desempleo escaló en el primer trimestre a un 8,8% y muy probablemente siga subiendo en la medida que avanza el invierno. La tasa de desocupación para el caso de las mujeres escaló hasta un 9,5%, su peor nivel en casi dos años.

Un indicador que ayuda a mirar la fortaleza del mercado laboral es la tasa de ocupación, que mide el número de ocupados -formales o informales- en un momento del tiempo en relación a la población en edad de trabajar (mayores de 15 años). Pues bien, previo a la pandemia -en enero de 2020-, la tasa de ocupación era de 58,6% y sufrió un impacto severo con la crisis llegando a 45% a mediados del 2020. La recuperación ha sido lenta, y en el primer trimestre de este año llegó a 55,7%, casi tres puntos por debajo de sus niveles prepandemia. Esto implica que para retomar los niveles de comienzos de 2020 se debieran generar unos 484 mil empleos adicionales.

Otro elemento que ha estado en medio de la polémica es el aporte que han hecho a la ocupación total los empleos asalariados públicos. En un año, de acuerdo a los datos del INE, el empleo público ha generado unos 94 mil empleos, casi la mitad del que ha creado toda la economía (209 mil). El organismo público aclaró recién que estos empleos no se refieren exclusivamente a los creados por el gobierno central y que incluyen a otras reparticiones públicas como en áreas de educación, salud, empresas públicas, entre otras instituciones donde tiene participación el Estado. Más allá de la precisión técnica, lo preocupante en este caso es el escaso aporte que el sector privado está haciendo a la generación de nuevos empleos.

A raíz de lo anterior, es fundamental evaluar cómo las regulaciones pueden influir en la disposición de las empresas para ampliar su dotación. Diversas iniciativas tienen efectos en el mercado laboral, como la reducción de la jornada semanal a 40 horas, el aumento del salario mínimo a $500 mil, el eventual incremento de las cotizaciones previsionales y propuestas para profundizar la negociación colectiva. La discusión legislativa no puede centrarse solo en un análisis aislado de cada nueva normativa, sino que es esencial evaluar los efectos combinados y acumulativos de todas estas nuevas regulaciones.

Aún más importante es ser conscientes del contexto en el que estas nuevas regulaciones tendrán sus efectos. La inteligencia artificial es una realidad tangible, que puede aprovecharse en Chile con mercados flexibles y mayor capacitación, pero que puede causar una disrupción acelerada en el mercado del trabajo, en caso de seguir presionándose al alza los costos laborales.

Es muy deseable adoptar estándares de países desarrollados, en particular en el mercado laboral. El problema es que los países de referencia pudieron implementarlos cuando ya habían alcanzado cierto nivel de desarrollo y no antes. Sería terrible que nos quedáramos con regulaciones OCDE y sigamos cosechando resultados mediocres.

* El autor es socio de Mirada Externa.