Columna de Javier Vega: “Pacto impuesto”

Resulta curiosa la reacción que ha producido la respuesta del mundo empresarial en la discusión tributaria. El Ejecutivo había convocado a varios actores a buscar lo que denominó un “pacto fiscal”. En esta línea, se enfatizó que este pacto excedía por mucho una eventual reforma tributaria -de ahí el cambio en la denominación- y que en la mesa estarían disponibles varios elementos para ser discutidos y analizados. Entre ellos, los principios que deben regir el sistema tributario, aspectos de eficiencia en el gasto público, priorización de iniciativas y eventuales instrumentos adicionales de recaudación.

La palabra pacto es un “concierto” entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado, es decir, algo que las partes firman por estar de acuerdo con lo convenido. Pues bien, al convocar a los distintos actores a buscar un “pacto”, lo que se esperaba era que ellos pudieran expresar su opinión sobre los alcances de este acuerdo y los puntos a discutir. Y esto es exactamente lo que hicieron los líderes del mundo empresarial, de manera respetuosa y utilizando los canales correspondientes. ¿Qué dijeron ellos? Algo de todo sentido común. Que dado el contexto económico y mientras no se revise el stock del gasto fiscal, ellos no están de acuerdo con un alza en los impuestos.

¿Deben los empresarios dar su opinión en esta u otras materias que afectan a la empresa? Esta es la pregunta que varios se han hecho por estos días, pero al menos hay que conceder que si eran los principales afectados por una reforma, pueden tener el derecho a manifestar su opinión -entendiéndose que esta no será vinculante- sobre todo si cuentan con una institucionalidad de representación que evitará capturas corporativas. Pero en este caso particular, ese derecho queda además refrendado por la sencilla razón de que fueron convocados por la autoridad precisamente para eso, para dar su opinión.

Hay que recordar que los aumentos en los impuestos muchas veces no logran el objetivo propuesto. Por ejemplo, la reforma de 2014 buscaba recaudar 3% del PIB y, siendo generosos, logró la mitad. Sin embargo, tuvo efectos económicos serios. En el quinquenio previo a 2014, la inversión crecía a tasas promedio del 6,8% y en los 5 años posteriores a la reforma bajó abruptamente a un ritmo promedio anual del 1%. El crecimiento, por su parte, pasó de 4,7% en el periodo 2009-2014 a menos de la mitad (2%) en el quinquenio posterior. Es lamentable que las estimaciones de crecimiento de Chile en los próximos años sigan ancladas al débil 2%.

El plazo autoimpuesto para alcanzar un pacto fiscal -el proyecto buscaba presentarse en julio-, parece excesivamente corto. Los países que se han tomado en serio un rediseño tributario han dispuesto de un espacio de tiempo mayor. Por ejemplo, la Comisión Mirrlees -liderada por el escocés James Mirrlees, premio Nobel de Economía- fue establecida en 2010 y llevó a cabo una investigación profunda sobre el sistema tributario de Reino Unido. El informe final estuvo recién listo en 2011 y presentó una serie de propuestas detalladas para mejorar la eficiencia y equidad del sistema tributario, las que proporcionaron una base sólida para futuras reformas.

Si no queremos estar cambiando el esquema tributario cada cuatro años, conviene tomarse el tiempo suficiente para llegar a acuerdos transversales, construidos con un análisis riguroso y con un enfoque de largo plazo. De lo contrario, los “pactos” se transforman más bien en imposiciones, otra palabra para describir impuesto.