Columna de Javier Vega: ”Resultados de la Casen: lo que no se vio”
"Medidas como la PGU y otras transferencias directas han sido muy efectivas para reducir la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, con mayores tasas de crecimiento tendríamos resultados incluso mejores. Porque además de mejorar los ingresos autónomos de las familias -que evitan la necesidad de asistencialismo-, el crecimiento económico permite hacer sostenible el financiamiento a las medidas efectivas para combatir la pobreza."
Los resultados de la encuesta Casen a primera vista son alentadores. La pobreza llegó a 6,5%, un mínimo histórico y el coeficiente de Gini llegó a su nivel más bajo (0,47) desde que existen cifras comparables, lo que implica el menor nivel de desigualdad de ingresos del que se tenga registro.
El sorpresivo resultado de los indicadores de pobreza estuvo explicado en buena medida por las ayudas públicas de los últimos años, como la PGU, el IFE laboral y diversos instrumentos asociados a transferencias directas del Estado. Es evidente que estas herramientas focalizadas han tenido impactos muy positivos en los segmentos de menores ingresos.
“Hay que reconocer que en esta oportunidad la política pública fue más importante que el crecimiento económico” destacó el ministro de Hacienda respecto de estos resultados. Claro, difícil que en los últimos 9 años (2013-2022) podamos atribuirle al crecimiento algún mérito porque su desempeño fue mísero (2,1% en promedio).
La pregunta que subyace a los resultados de la Casen es qué habría pasado si el país hubiese crecido a otro ritmo en los últimos años y que, además de la “política pública”, hayamos contado con un ritmo de actividad vigoroso.
Más evidente es revisar lo que no pasó.
Por ejemplo, los ingresos del trabajo de las familias chilenas no siguieron mejorando. En los siete años previos a 2013 -cuando el país registró un crecimiento promedio de 4,2%- el ingreso promedio mensual de los hogares asociados al trabajo subió de $845 mil a $1 millón, el equivalente a un alza real de 22%, o un crecimiento promedio anual de 2,9%. En contraste, entre 2013 y 2022 los ingresos del trabajo promedio registraron un incremento real de 3,7%, lo que equivale a un crecimiento promedio anual de solo 0,4%. Es decir, los ingresos asociados al trabajo prácticamente se estancaron en la última década.
Sin embargo, lo más preocupante no son los registros agregados. Mucho peor es la situación en los segmentos de menores ingresos. En los primeros dos deciles, los ingresos del trabajo registraron fuertes caídas reales en los últimos 9 años (2013-2022), con descensos de 48,8% en el decil más pobre y de 6,5% en el segundo tramo de menores ingresos. Estos segmentos fueron los principales beneficiados por la política pública que en parte compensó su precaria situación laboral. Otra realidad se vivía en periodos de mayor crecimiento -como en los siete años previos a 2013-, cuando los ingresos promedios del trabajo en el primer quintil registraron un alza real de 11,7%, mientras que los del segundo quintil lo hicieron en 25%.
Medidas como la PGU y otras transferencias directas han sido muy efectivas para reducir la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, con mayores tasas de crecimiento tendríamos resultados incluso mejores. Porque además de mejorar los ingresos autónomos de las familias -que evitan la necesidad de asistencialismo-, el crecimiento económico permite hacer sostenible el financiamiento a las medidas efectivas para combatir la pobreza. El paquete de medidas que el sector privado entregó a Hacienda recientemente persigue justamente este objetivo. Es de esperar que su implementación permita que en la próxima Casen podamos decir que las políticas públicas y el crecimiento fueron cruciales para seguir mejorando la situación de las familias.
* El autor es economista.
