Columna de Jorge Barrera: Estatización de servicios lleva a la pérdida del poder ciudadano

Producto de la contumaz falta de respuesta y servicio por parte de las empresas eléctricas, afectando con ellos a miles de familias, muchas de ellas electrodependientes y otras tantas con sus alimentos descompuestos producto de la falta de refrigeración, el gobierno del presidente Boric ha iniciado un procedimiento para dar lugar a la caducidad de las concesiones de ENEL y CGE.

La verdad es que esta solución no es novedosa, pues se encuentra consignada expresamente en las diversas leyes que regulan concesiones consideradas monopolios naturales. En efecto, todas funcionan bajo la misma fórmula, esto es, que el presidente de la Republica vía decreto quien debe dictar fundadamente la resolución de caducidad. Es así como hemos sido testigos de varios procesos de caducidad de servicios concesionados, siendo el último caso el de la empresa sanitaria ESSAL en Osorno.

Ahora bien, es necesario estar atentos y no ser ingenuos, teniendo a la vista que la posibilidad de caducidad de una concesión, aunque parezca una obviedad, existe porque es un privado quien presta el servicio en un mercado intensamente regulado. Por lo mismo, sorprende el tejo pasado con el cual está operando la izquierda comunicacionalmente, promoviendo no solo a través del ministro de Energía, sino que muchos parlamentarios oficialistas, que parte de la distribución este entregado a un organismo estatal.

La verdad es que jamás veríamos una consecuencia como esta si las empresas de distribución fueran propiedad del estado. Primero, porque ningún presidente de la Republica estaría dispuesto a su cierre aun cuando sus resultados fueran nefastos para las propias familias chilenas. Y segundo, porque como cualquier servicio público, su cierre ­—tal como ocurre con su creación— dependería de una ley dictada por el Congreso Nacional.

La pregunta que debe hacerse la ciudadanía es si ante la misma falta de respuesta y servicio, el estado realmente cerraría un organismo de su dependencia debido a la falta de servicios, o de su prestación deficiente. La evidencia muestra que aquello es inviable, y de hecho no ha ocurrido. Si ENAP o EFE no cumplen, no pasa nada, si una escuela o liceo estatal entrega mala educación a nuestros hijos, no pasa nada. Siempre veremos el enroque del político profesional o burócrata de turno, luego de un acto público de indignación moral para dar un impulso meramente comunicacional, pero jamás real.

La realidad es que lo estatal, al menos en Chile, es inamovible, pues una vez creado un servicio público por ley, es política y legislativamente inviable su cierre posterior. Sin duda puede mutar, estar sujeto a modificaciones legales, pero supervive de manera incólume, aunque su existencia no sea requerida, aunque sus resultados sean horrorosos, aunque entregue un mal servicio a la ciudadanía.

Al revés, cuando los servicios son concesionados a un privado, además de que siempre existirá el escrutinio popular y de la clase política, todas estas concesiones cuentan con la exigencia de altos y detallados estándares legales y técnicos, que, de no ser cumplidos, dan precisamente lugar a la caducidad, al cierre y por ende al cambio de empresa o proveedor.

En resumen, no podemos perder de vista, ante los abiertos llamados a estatizar servicios públicos, que es precisamente la existencia de una concesión entregada a un privado la que permite y ha permitido el escrutinio activo de la ciudadanía frente a la prestación a la que se obligan, y cuyo incumplimiento tiene duras consecuencias para dicha empresa, cuestión que jamás ocurriría si el servicio lo prestara un organismo estatal.

Por Jorge Barrera Rojas, abogado.